Este martes se desarrolló en Chile un nuevo paro general convocado por la Unidad Social, que reúne a la CUT (central obrera), la Confech y organizaciones sociales. Es el tercero desde el comienzo de la rebelión popular. Según los organizadores, la adhesión fue del 90% en el sector público y del 70% en el sector privado.
Como parte de la medida, los mineros realizaron bloqueos en los accesos a los yacimientos. Una masiva columna de obreros portuarios marchó desde Talcahuano a Concepción. En los centros de salud sólo se atendieron emergencias. En las principales ciudades del país se desarrollaron multitudinarias movilizaciones.
Pese al correr de los días y una encarnizada represión que ya se cobró 23 muertos y miles de detenidos, la movilización popular mantiene su vigor. El límite de la convocatoria al paro es que la Unidad Social no se orienta por la caída de Sebastián Piñera sino por la apertura de una mesa de diálogo. Cuestionando esta orientación, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) se ha retirado de ese espacio.
Represión
En este escenario de movilizaciones, el gobierno convocó la semana pasada al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), compuesto por los jefes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, el presidente de la Corte Suprema y los presidentes de las dos cámaras del Congreso. A su vez, anunció un paquete de leyes represivas que refuerzan los servicios de inteligencia y la vigiliancia aérea, y que penalizan los bloqueos callejeros.
La saña del operativo represivo se refleja en un dato: hay más de 200 personas con lesiones oculares a manos de efectivos policiales que apuntan directamente sobre los ojos de los manifestantes. Gustavo Gatica, estudiante de la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano, corre riesgos de quedar ciego porque Carabineros le disparó en los dos ojos.
¿Excesos? Para nada. Es un modus operandi. Se ha filtrado un video del titular de Carabineros, Mario Rozas, en que felicita a la tropa por su accionar contra las protestas.
Las mil y una Constituyentes
Pero la fuerza bruta ha demostrado su insuficiencia para aplacar la rebelión. Por eso, el gobierno la combina con un operativo de corte institucional. En los últimos días, el gobierno ha entablado negociaciones con la oposición con el propósito de analizar una reforma constitucional. El presidente Sebastián Piñera había empezado la semana pasada aceptando a regañadientes la posibilidad de modificaciones puntuales, pero con el correr de los días sus voceros admitieron la posibilidad de una nueva Constitución. Lo que ocurre es que el 80% de la población se muestra partidaria de pasar a mejor vida la Constitución pinochetista de 1980, que consagra el régimen ultraliberal que ha sido desafiado por las masas. Con el pomposo título de “acuerdos nacionales”, Piñera postuló, en su conferencia de prensa del martes, un consenso político contra la “violencia”, por una “agenda social” (pequeñas reformas en aras de no perderlo todo) y por una reforma constitucional. Mientras tanto, para comienzos de diciembre, en más de 300 municipios se desarrollaría una consulta nacional sobre si es necesaria o no una reforma.
La trampa es que la reforma que plantea Piñera sería conducida por el Congreso, que está dominado por la derecha y la Concertación, las fuerzas del régimen cuestionado por la rebelión. A lo sumo, se instituiría un plebiscito posterior ratificatorio, que podría quedar pegado inclusive a las elecciones de alcalde y gobernadores de octubre de 2020. Una tentativa de disolver la rebelión en el calendario de los partidos del régimen. Por demás, apenas maquillaría la reaccionaria carta magna actual.
En la oposición hay diferentes proyectos, pero en general se coincide en reclamar un plebiscito inicial que dirima la modalidad de una Constituyente, es decir si es discutida por el Congreso, por ciudadanos electos a tal fin, o un mix de ambas variantes.
Estas posiciones escamotean el problema principal: las masas ya han hecho su plebiscito en las calles y han reclamado por millones que se vaya Piñera. No puede haber proceso constituyente genuino con él al frente del gobierno. Una Asamblea Constituyente sería progresiva convocada desde las organizaciones en lucha, como instrumento del pueblo rebelado.
Frente a los intentos de desviar la rebelión por la vía institucional, planteamos el camino de la movilización popular y la huelga general para echar a Piñera y una Asamblea Constituyente libre y soberana, de manera que no tenga restricciones en su temario y no dependa de ningún otro poder, para reorganizar a Chile sobre nuevas bases sociales.
