El pasado 13 de junio se produjo la renuncia de ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, en medio de un escándalo por denuncias de ocultamiento de información en torno a la cantidad de fallecidos por Covid-19. Una investigación periodística reveló que el departamento de estadísticas del Ministerio de Salud informaba a la OMS un número considerablemente mayor de fallecidos del que se le informaba a la prensa y al pueblo de Chile. En realidad, los fallecidos no serían poco más 3 mil sino que superarían los 5 mil.
Pese a los fuertes cuestionamientos a su gestión, a la que se atribuye el escenario crítico en que se encuentra el país en cuanto al avance de la pandemia, Piñera no escatimó elogios al ministro saliente. En su lugar fue designado Enrique Paris, quien en su primera aparición pública anunció que los informes epidemiológicos incluirán en adelante a “probables” fallecidos por coronavirus en un intento de disipar las fuertes sospechas que envuelven a las cifras oficiales.
La situación se ha tornado dramática en las últimas dos semanas, llegando el pasado lunes 15 a la cifra récord de 6.938 nuevos contagios y 222 fallecidos en 24 horas, según lo afirmó el flamante ministro. Sin embargo, estos números deben ser relativizados no solo porque provienen de un gobierno sospechado de manipulación, sino además por la insuficiente cantidad de testeos que se realizan, como lo reconoció el propio Paris. De hecho, el martes pasado, el nuevo ministro debió admitir que a la totalidad de contagiados desde que desembarcó la pandemia hay que sumarle otros 31 mil infectados.
Las comunas más afectadas son aquellas que integran el área metropolitana, particularmente las que concentran población más vulnerable como La Florida, Puente Alto y Maipú, donde las condiciones materiales de miseria y hacinamiento en las que viven las familias trabajadoras explican la velocidad de propagación del virus. La situación reviste una gravedad extrema y es producto de la política de un gobierno que, con el objetivo de proteger los intereses capitalistas, se negó a implementar tempranamente la cuarentena general necesaria para detener el avance de la pandemia en el país.
El pacto social
Casi en simultáneo al cambio de ministro de salud, Piñera anuncia un “pacto social” con la oposición, con el objetivo de que los partidos del régimen cierren filas en aras de evitar una nueva irrupción de la rebelión popular ante la agudización de la crisis sanitaria, económica y social. El pacto generó cimbronazos al interior de la coalición gobernante donde un sector leyó la salida de Mañalich como parte del acuerdo con la oposición.
El contenido del pacto está dado por un paquete de medidas administrativas y leyes que deberá ser aprobado por el parlamento, que significará una partida presupuestaria de 12 millones de dólares, según lo anunciado por Piñera en cadena nacional. Entre las medidas se encuentra una ampliación del IFE, esta vez en el formato de “complemento a los ingresos de las familias” con un tope de $100.000 por integrante de una familia de hasta 4 personas, es decir, $400.000, que se va reduciendo a medida que es mayor el número de integrantes llegando $759.000 en el caso de familias de 10 o más personas. Otras de las medidas son asistencia financiera a municipios y “robustecer” el sistema sanitario con una partida adicional de $400.000 millones, una suma insuficiente por donde se la mire teniendo en cuenta el estado de la salud pública chilena castigada con décadas de vaciamiento. La exigua asistencia presupuestaria destinada a la población contrasta con el paquete de medidas destinadas a subsidiar al sector empresario al que se le acuerda asistencia financiera directa y una serie de exenciones tributarias.
Al denominado pacto social acudió casi la totalidad del arco político opositor, con excepción de un sector del Frente Amplio, el espacio Revolución Democrática, liderado por Catalina Pérez, que se retiraron por no acordar con el monto del IFE, que pretendían que fuera unos pesos más -$114.000 por persona en vez de $100.000- pese a saludar los alcances del acuerdo. El Partido Comunista (PC), por su parte, en la voz de su presidente, Guillermo Teilleir, se limitó a señalar “que no era necesario un acuerdo de esta naturaleza” y que “bastaba con mandar todo este acuerdo al Congreso” con lo que dejó entrever el voto favorable de su bancada al paquete de leyes de Piñera. A esta altura no debe sorprender a nadie las maniobras del PC en su política de un pretendido distanciamiento del gobierno en términos formales para terminar brindando sus recursos políticos, principalmente sometiendo a la CUT (la central obrera) a una parálisis, en función de los planes del oficialismo contra la clase trabajadora que viene soportando el costo de la crisis económica agravada por la pandemia.-
Los trabajadores
El cuadro de crisis completa en que se encuentra Chile plantea la necesidad de organización para poner en pie la lucha por un seguro al parado que sea una respuesta real a las necesidades de los miles de desocupados y puestos de trabajo, así como la defensa de la salud. La consigna de ¡Fuera Piñera! adquiere en esta coyuntura una renovada vigencia para así dar paso a una asamblea constituyente libre y soberana.
