¡Cuando la burguesía aplaude, los trabajadores sonamos!
El encuentro anual de la industria realizado la semana pasada, organizado por la Sofofa (sociedad de fomento fabril) fue el escenario del acto de explicitación sobre el horizonte político que tiene el gobierno. Los aplausos cosechados en el cónclave empresarial, por si alguna duda cabía, dan cuenta qué nos espera a las y los trabajadores, merituado ésto en el contexto de una crisis económica como no se experimentaba en años, años donde los negociados estuvieron asegurados en detrimento del acceso a derechos elementales sí, pero que torna aún más cuesta arriba la existencia para las familias trabajadoras. Se trata de un plan de ajuste contra el pueblo, que se inicia desde el primer día del gobierno de Boric y que ahora continúa con la excusa de la “correlación de fuerzas” justificándose en la derrota del Apruebo en el plebiscito.
No es cierto que ésta derrota haya obligado al gobierno a abandonar su agenda limitada con la que anunciaban darían respuesta a las demandas populares. Antes se negaron a un nuevo retiro de los fondos de pensiones, antes definieron un salario básico muy por detrás del costo de la vida, antes decidieron continuar con la militarización del Wallmapu, antes se alinearon con los pacos acusados por violaciones sistemáticas de los ddhh, antes presentaron una restringida reforma tributaria y así podemos seguir.
Tampoco la negativa a dar respuesta a las necesidades de las y los trabajadores son atribuibles a “diferencias internas” en la coalición gobernante. El PC que se autoproclamó como el garante del cumplimiento del programa progresista se mantiene “firme” -disputando espacios dentro del organigrama de poder- pese las constantes “vueltas de chaqueta” como por ejemplo la aprobación del TPP 11. Las declaraciones de Jadue responden más a internas partidarias que a una real voluntad de patear la mesa. El conjunto de Apruebo Dignidad -sus fuerzas fundantes y las que luego se incorporaron- están alineadas a la hora de privilegiar los intereses de las clases dominantes.
Por si alguna duda cabe, basta con mirar el trato que reciben los portuarios en relación a sus demandas por mejores pensiones. El gobierno hace oídos sordos, como lo hicieron los gobiernos de Bachelet y Piñera, al reclamo de un régimen previsional propio que compense las miserables pensiones que les asignan las AFPs. Es un reclamo histórico del sector, que Boric en campaña prometió atender y ahora como presidente le cierra las puertas. La respuesta fue un contundente paro de 48 hs contra el gobierno a modo de advertencia, al que adhirieron casi 7 mil portuarios y paralizó 23 puertos y que seguirán por tiempo indefinido según lo anunciado. El contraste con la complacencia a los reclamos de los empresarios no puede ser mayor.
Reflejo de ésta política es también el proyecto de reforma previsional presentado por el gobierno. Lejos de terminar con las AFPs, las rescata pues podrán seguir operando con el 10,5 % de cotización a cargo de las y los trabajadores, respecto de los cuales se mantiene la capitalización individual vigente actualmente. Bajo la denominación de “gestoras de inversión privada” seguirán haciendo negociados con el stock y los fondos de quienes no se pasen al régimen estatal que crea el proyecto de norma. En relación al 6% adicional que se establece a cargo de las patronales y que administraría un ente público bajo la lógica de reparto, el 70% de ello será registrado en una cuenta personal y el 30% restante irá a un fondo común regido por los principios de solidaridad. Éste aporte patronal sería gradual, mientras tanto será el estado -o sea todos- el que lo asuma. Su destino sería financiar un seguro social. Seguirá vigente la PGU porque ésta reforma claramente no está diseñada para garantizar pensiones suficientes, pero el aumento de la misma está sujeto a la aprobación, cada vez más incierta, de la reforma tributaria. Estamos frente a una estafa completa pues el componente solidario previsto es absolutamente marginal y lo único que realmente está asegurado es el aporte de las y los laburantes (que seguirán en manos de las AFPs rebautizadas) y las pensiones de hambre que otorga el estado. Por otra parte, lo más probable es que incluso ésta farsa no logre los votos necesarios para ser aprobada en sus términos originarios, como lo demuestra el derrotero de la reforma tributaria.
Crisis económica y seguridad
El debate político está centrado en éstos dos ejes en las últimas semanas. El país afronta una crisis económica cuyos efectos están siendo soportados de lleno por la clase trabajadora, aunque desde la burguesía ponen las luces de alarma ya que ven amenazadas sus jugosas ganancias que han verificado niveles récord en todo éste tiempo. Tenemos un cuadro recesivo en curso y la consecuente suba de la tasa de desempleo, al que se le suma la inflación -que constata mayores alzas en alimentos y artículos de primera necesidad- y la depreciación monetaria. Además la caída sostenida del precio del cobre en los últimos meses afecta la recaudación del fisco.
Las razones determinantes de éstos números las encontramos en la crisis mundial, acentuada por la pandemia primero y la guerra después. La suba de alimentos y combustibles y la inflación que tenemos, fueron tratadas -interesadamente- como un descalabro económico interno producto exclusivamente de un sobrecalentamiento de la economía derivado del aumento del consumo ocasionado por los IFE y los retiros de las AFPs. No sólo redujeron los gastos sociales, sino que siguiendo la tendencia imperialista internacional se ha impulsado una monumental suba de la tasa de interés por parte del Banco Central, lo que sólo contribuyó a la deriva recesiva y aumentó el peso de las deudas en las economías de las familias obreras, mientras la inflación siguió su curso alcista.
El presupuesto “contracíclico” presentado por el gobierno es, en realidad, un presupuesto de ajuste porque prevé una suba del gastó fiscal muy por detrás de la inflación: 4,2% frente a una inflación acumulada del 14,1%. Los aumentos en las pensiones contemplados en las partidas presupuestarias, no son suficientes para sacar de la vida de miseria a las y los jubilados y lo previsto para obras públicas con el objeto de revertir la recesión, es una gota en el desierto. Por lo demás, prevé un reforzamiento del aparato represivo, lo cual no es un dato menor en un cuadro de mayor conflictividad social provocado por las penurias económicas en que están inmersas las mayorías trabajadoras. De todas formas, queda por ver qué se termina aprobando en un congreso donde la oposición derechista tiene la última palabra.
Si existiera una real voluntad de combatir la inseguridad, se atacaría al crimen organizado del que forman parte fundamental las fuerzas represivas, en particular carabineros. Las mafias que manejan el narcotráfico, la trata de personas y los desarmaderos de autos robados, no podrían funcionar sin la complicidad de pacos y autoridades políticas y judiciales. Ésta alianza criminal no se toca y el abordaje en materia de seguridad tiene por objetivo la represión de estudiantes, mapuches y, en definitiva, todo sector que levante su voz por reclamos legítimos. La política represiva disfrazada de “combate a la inseguridad” le permite al gobierno no sólo alinearse con lo que reclaman las patronales (“Le vamos a disputar y le vamos a ganar el espacio público a la delincuencia” y “Hay algunos que podrían decir ‘cómo es posible que un carabinero dispare. ¡Ese carabinero tiene todo nuestro respaldo!” fueron pasajes del discurso de Boric en el encuentro de la Sofofa de los que más aplausos arrancaron al auditorium), sino que también es funcional al rescate de las fuerzas represivas ante la opinión pública.
Por una alternativa política independiente
Es imperioso que como clase intervengamos, con nuestros métodos históricos, en el presente cuadro de crisis. No podemos dejar en mano de los sectores políticos enemigos de nuestros intereses la definición de las políticas que determinarán cuestiones elementales de nuestra existencia. Necesitamos una alternativa política independiente del gobierno, de los partidos patronales y de los que propugnan acuerdos y frentes de colaboración de clases.
Para romper el aislamiento de las luchas de sectores del movimiento obrero y estudiantil y avanzar hacia una alternativa política propia, pongamos los esfuerzos para llevar a cabo un congreso de bases de sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles, políticas para definir un plan de lucha por salarios y pensiones que cubran la canasta familiar; la prohibición de despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; aumento del seguros de desocupados; fin de las AFPs, por un sistema estatal bajo control de las y los trabajadores; nacionalización del cobre y el litio; abajo el TPP 11; libertad a lxs presxs por luchar; desmilitarización del Wallmapu. A 3 años de la rebelión, todas nuestras demandas siguen sin respuesta. A organizarnos en forma independiente para conquistarlas.
