A la fecha, con 18 incendios forestales activos en la macrozona sur, ya se han consumido más de 458 mil hectáreas, 2345 viviendas, lo que ha dejado al menos a 7588 personas damnificadas en diversos siniestros que afectan principalmente a las regiones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, según el balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Seguimos frente a una catástrofe social y ambiental a causa del modelo forestal protegido por el estado de la dictadura en adelante y que el gobierno de Boric se apuró en dejar en claro que no pretende afectarlo pese a ser la causa principal de lo sucedido. Seguirán los subsidios estatales engrosando las arcas de los Matte y los Angelini y lo peor es que seguirán en peligro poblaciones enteras por la voracidad capitalista.
El gobierno de Apruebo Dignidad cerró las puertas ante la discusión de un posible royalty forestal. En palabras de Carolina Tohá “…se descartó que, una vez controlada la emergencia en la zona centro sur provocado por los incendios, se avance en la idea de instalar un royalty forestal…” Para justificar dicha situación, el gobierno se vale de un tecnicismo absurdo, pues los royaltys estarían solo contemplados en el caso de las explotaciones de recursos naturales no renovables de propiedad del estado. Mas allá de que si hablamos de la figura de un royalty o no, el gobierno se niega a afectar el margen de ganancia del sector, que además de crecer bajo el amparo del estado mediante los subsidios, también recibe financiamiento barato por parte de las AFPs Descarta de plano la idea de que el sector tribute sobre las ganancias generadas en la explotación forestal, iniciativa que vendría a entregar un mínimo compensatorio ante el desastre desatado. Ante los reclamos de la SOFOFA, el gobierno corre rápidamente a calmar los ánimos del capital forestal en detrimento de la vida de cientos de familias obreras y del medio ambiente.
No se discutirá ningún royalty forestal, ni ningún otro tipo de impuesto que grave a la actividad forestal, más allá de los planteados en la irrisoria y paupérrima reforma tributaria; si no que tampoco se avanzará en ninguna otra medida que limite el avance del negociado forestal sobre el bosque, flora y fauna nativa, ni mucho menos medidas dirigidas a que asuman los costos de daño ocasionado, el “riesgo empresarial” del que la burguesía se jacta en asumir, lo hace el estado.
Mención aparte merece el accionar del fiscal nacional Ángel Valencia (recordemos propuesto por el gobierno) quién, excediéndose en las funciones que legalmente tiene, sale en defensa de las forestales poniéndolas en el lugar de víctimas cuando su responsabilidad en la catástrofe quedo a la vista de todo el país a partir de los testimonios de pobladores que hace décadas vienen denunciando el avance descontrolado de las plantaciones de monocultivo y los riesgos que ellos traía aparejado
Movilicémonos en todos los territorios exigiendo una reparación de todos los daños y lo necesario para evitar nuevas catástrofes. Por impuestos extraordinarios a las ganancias capitalistas. Pongamos en pie asambleas de deliberación y organización de pobladores, trabajadores, comunidades originarias de la zona para exigir que se determinen las responsabilidades empresariales y políticas en la catástrofe y definir como continuar el trabajo de reconstrucción y prevención de futuros focos de incendio que pasara estratégicamente por la expropiación de estos “latifundios” forestales y la creación de una empresa estatal bajo gestión de sus trabajadores, con intervención directa de las comunidades mapuches.
