El acceso al elemental derecho a la salud es una odisea para las y los trabajadores y ello corre tanto para quiénes deben concurrir a la salud pública como para lxs afiliados a un seguro privado de salud. Los abusos de las Isapres no son nuevos pero por éstos días vuelven a adquirir centralidad en la discusión pública a raíz de los chantajes de las aseguradoras ante la situación que se plantea en virtud del fallo de la Corte Suprema. Resulta que en diciembre del año pasado la el máximo órgano judicial dictó una sentencia para resolver el fondo de un viejo conflicto entre las Isapres y sus afiliadxs y así terminar con la problemática de la judicialización ya que lxs afiliadxs, tras décadas de soportar las arbitrariedades perpetradas por éstas entidades, acudieron en masa a la justicia desencadenando una verdadera avalancha de recursos de protección. Así, la Corte ordenó que los valores de los planes vigentes se ajusten a la tabla establecida por la superintendencia de salud en el 2019 y que en el plazo de 6 meses se devuelvan a más de 750 mil chilenos el monto total de 1.400 millones de dólares, ésto es más de un billón de pesos cobrados en exceso según los parámetros de la tabla fijada por dicha entidad estatal.
Una historia de abusos
Pero la historia se remite al 2010, año en que el Tribunal Constitucional estableció que las “tablas de factores” usadas por la Isapres para determinar los precios de los planes de cobertura eran inconstitucionales por ser discriminatorios por género y edad, es decir, por ser más caros en el caso de las mujeres, ancianos y niños. Sin embargo, las Isapres siguieron cobrando en base a los criterios declarados discriminativos y lo hicieron sin que ninguna institución hiciera algo para detenerlas. Los distintos gobiernos fueron cómplices de éste mecanismo de estafa al universo de trabajadorxs afiliadxs. Ninguno de los poderes del estado tomó medidas contra estos abusos sino hasta el 2019, cuando la superintendencia de salud establece la “tabla única” a la que nos referimos antes, a ser aplicada a partir de enero del 2020. Y, de todas formas, las Isapres no lo hicieron y siguieron cobrando lo que querían obligando a sus afiliadxs a iniciar acciones legales.
El reciente fallo de la Corte Suprema entonces significó un cimbronazo y las Isapres comenzaron a desplegar todo su poder de lobby para lograr que no se aplique, es decir, un perdonazo o un salvataje del estado. O sea, buscar no pagar o que el dinero que deben devolver por los cobros ilegales salga del erario público. Tirando la pelota afuera acuden al poder político para no responder por las consecuencias de su accionar ilegal, escudándose en las y los afiliados que, advierten, se quedarían sin cobertura y sin cobrar nada si van a la quiebra. Nunca les importó dejar sin cobertura a quienes no podían pagar los excesivos costos de los planes, es un chantaje descarado al que el gobierno y la oposición derechista se allanan.
El gobierno y la oposición al auxilio de las Isapres
Así, el gobierno presentó un proyecto de ley corta y solicitó a la Corte Suprema una prórroga del plazo para dar cumplimiento al fallo, lo que fue concedido inmediatamente por el máximo tribunal que dió otros 6 meses para que el conjunto del régimen político de una salida a la crisis. En relación al cumplimiento del fallo, el proyecto oficialista establece que las Isapres tienen 6 meses para presentar una propuesta de reintegro a lxs afiliadxs de los cobros indebidos. Se alargan los tiempos y se les otorga la prerrogativa de establecer los mecanismos de devolución a quienes han demostrado que lo que queda a su arbitrio lo utilizan para estafar a sus afiliadxs.
Un sector de la oposición, por su parte, presentó su propio proyectó que logró que sea aprobado en la comisión de salud del Senado. El mismo establece un mecanismo de reajuste retroactivo de los precios de manera que se achique o elimine la deuda directamente. Esta comisión senatorial no operó en un vacío político, lxs parlamentarixs gestorxs visibles de este atraco son Ximena Rincón ex DC, Matias Walker ex DC, Francisco Chahuán de RN, Javier Macaya de la UDI, pero fuera de ellxs están todos los sectores que administraron la democracia capitalista de los 30 años que trabajaron y prodigaron sus servicios al gran negocio de la salud privada. La Corte Suprema acaba de expedirse respecto del proyecto de ley corta del gobierno proponiendo ajustes relativos a la competencia de los tribunales, sin considerar el proyecto de perdonazo aprobado en comisión.
Para terminar con los abusos ¡A organizarnos!
Las y los chilenos de a pie debemos estar atentxs, porque una voltereta más de Boric no se puede descartar. El gobierno deberá maniobrar para no soltar la mano a las Isapres que son ampliamente repudiadas no sólo por quiénes han sido directamente afectadxs por sus arbitrariedades sino por la mayoría del pueblo chileno.
La plata que se cobró de más ya fue distribuída entre los dueños de este formidable negociado. Las utilidades generadas por las Isapres y las clínicas en décadas de cobros excesivos no están disponibles para el cumplimiento del fallo y todo es perfectamente legal. Las amenazas de quiebra son infundadas y solo buscan explotar la debilidad del gobierno de turno: las Isapres el año 2020, en medio de la crisis pandémica, registraron 80 mil millones de ganancia; el 2021 acusaron ganancias por 64 mil millones y en el primer trimestre del 2022; 18 mil millones de pesos millones de pesos, lo que demuestra el descaro y la prepotencia con que operan.
No debemos permitir que se nos cambie de andén la discusión. Existe un fallo y deben acatarlo, las y los trabajadores no aceptamos ninguna componenda que signifique menoscabar los derechos de lxs afiliadxs, menos dar paso a la impunidad de los estafadores del sistema. Debemos movilizarnos para exigir que el fallo se cumpla y las Isapres devuelvan hasta el último centavo que cobraron de más y lo hagan a la brevedad. Poner en pie comités de afiliadxs para impedir el vaciamiento de las aseguradoras y cualquier tentativa fraudulenta de quiebra para no pagar. No aceptamos discutir proyectos dirigidos a dar viabilidad a la mercantilización de la salud, rechazamos sus amenazas.
Por un sistema único de salud
El informe de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud presentado el año pasado al Congreso da cuenta del estado calamitoso de la salud pública en Chile, producto de una política de desfinanciamiento llevada adelante por todos los gobiernos lo que benefició directamente al sistema de salud privado compuesto por las aseguradoras y las clínicas pertenecientes a los mismos grupos económicos. Las cifras que surgen de éste informe -correspondientes al primer semestre del 2022- son contundentes: hay 1.764.937 personas que esperan una consulta con un especialista, 294.632 aguardan una cirugía y otras 67.417 una atención GES. Las demoras se pueden extender hasta por 600 días y se registraron 20 mil personas fallecidas esperando atención. La mayoría de los tratamientos médicos tienen costos y muy altos por cierto lo que nos obliga a hacer bingos y rifas para afrontarlos. Esto se tiene que terminar, el estado tiene la obligación de garantizar el acceso universal e irrestricto al derecho humano a la salud y ello sólo se puede garantizar mediante un sistema único, es decir, con la estatización del sistema privado bajo control de las y los trabajadores.
