El techo y la tierra como un privilegio
Las familias trabajadoras estamos inmersas en una crisis que involucra todas las dimensiones de la vida: lo habitacional, lo laboral, lo alimenticio, lo educacional y otras necesidades que van agravando el mal vivir de la población, como los desastres ambientales en diversos territorios y de seguridad en las comunidades con el avance del crimen organizado bajo el amparo del estado. El acceso a la vivienda es imposible para la clase trabajadora hace décadas. La especulación inmobiliaria genera un aumento irracional del valor de los suelos y construcciones ya que los empresarios inmobiliarios obtienen créditos baratos para adquirir predios, llenar de cemento y personas hacinadas en construcciones caras y de mala calidad. Otro dato es la gran cantidad de departamentos deshabitados en los centros urbanos más importantes, a los cuales la población no puede acceder por la absoluta incompatibilidad de los precios de mercado con la realidad de los sueldos de la clase trabajadora: en el 2022 según un estudio de la consultora GfK, la venta de nuevas viviendas en Santiago cayó un 38% en el tercer trimestre, lo que demuestra que la población no puede acceder a una vivienda y en ello tuvo una incidencia trascendente la subida de la tasa de interés por parte del Banco Central, que encareció el crédito hipotecario.
Según el Catastro de campamentos 2022- 2023, realizado por la fundación Techo, a partir del 2014 comenzó gradualmente el aumento de campamentos, pero a partir de 2021 a la fecha, el aumento fue de casi un 40 %. Señala también el informe que en Chile 113.887 familias viven en 1.290 asentamientos que no cuentan con servicios básicos como agua, luz y alcantarillado, lo que representa casi un 18 % del déficit de 641 mil viviendas aproximado señalado por el mismo estudio. Ésta cifra comprende también a las personas allegadas y familiares en los patios traseros de miles de hogares construidos para recibirles, o en los comedores convertidos en habitaciones, con casas completas que albergan a veces a más de tres familias y cuyos núcleos completos duermen en una misma habitación. El estado no cuenta con cifras certeras y actualizadas, por lo que levantan planes de emergencia disociados de la realidad de las comunidades y sus necesidades.
De la promesa de campaña de Boric en materia de vivienda, sobre atender el déficit de 641 mil viviendas con un plan de emergencia habitacional por medio de un banco de suelos para su construcción, generando 65 mil viviendas al año y así reducir el 40% del déficit actual, hasta ahora nada. Boric también prometió que no habría desalojos sin solución habitacional y…las soluciones no aparecieron y los desalojos siguieron.
Lo que sí avanza es la criminalización
Así la población desde hace años que ve cada vez más lejano el sueño de la casa propia. Trabajar y trabajar por años, para acceder en una avanzada adultez a una vivienda de dudosa calidad -en el mejor de los casos- o simplemente engrosar las filas de quienes están condenadxs a arrendar de por vida o empujadxs a un campamento ante la imposibilidad de afrontar incluso un arriendo con sueldos y pensiones miserables.
Esta precarización de nuestras vidas por el aumento sostenido de los costos y la baja valorización del trabajo que no permite vivir ha impulsado a cientos de familias a movilizarse por necesidad y tomar terrenos desocupados. El gobierno lejos de querer dar solución, ha aprovechado este accionar desesperado para continuar impulsando medidas represivas contra la población. Ya es una realidad la ley Nain Retamal que permite a las fuerzas represoras atacar con gatillo fácil y darles mayores garantías de impunidad y ahora está en proceso la ley anti tomas o de usurpaciones que permitirá desalojar e incluso encarcelar a quienes buscan por derecho un lugar donde vivir. Actualmente este proyecto está aprobado por el senado y aprobado en general por la comisión de la cámara de diputados en espera de indicaciones hasta mediados de junio.
El objetivo de esta ley es criminalizar la lucha de pobladoras y pobladores por una vivienda, al pueblo mapuche por el derecho a recuperar sus tierras ancestrales usurpadas, además incluye a quienes a modo de protesta tomen una institución sin intención de habitarla, ampliando además el periodo de flagrancia, lo que permitirá a las fuerzas represivas desalojar distintas tomas de terreno, construcciones o instituciones, y lo que antes era considerado como falta ahora pasaría a ser delito simple, incluso llevando a sanción máxima de cinco años cuando exista la participación de menores de edad entre catorce y dieciocho años, lo que representa mayor estigmatización para las familias completas que se ven obligadas a luchar de manera directa por suelo, techo y abrigo. Sanciona con presidio toda hipótesis de usurpación y al extender el período de flagrancia, tratándose de este delito, permite que la policía represora tenga más tiempo para intervenir directamente.
Organización y lucha por el techo, el abrigo y la tierra
Una demanda de primera necesidad es el derecho a un hogar, a la vivienda digna que nos permita un espacio seguro de refugio, descanso, crianza, alimento, esparcimiento entre otras necesidades que cobija un hogar. Hoy como población estamos sumidos en la constante ansiedad e incertidumbre de sostener el techo sobre nuestras cabezas por medio de créditos, hipotecas o arriendos eternos que nos consumen la vida.
En las últimas semanas se han movilizado diversas organizaciones, comités, tomas y cooperativas para exigir al gobierno de respuestas a la necesidad de viviendas, frente al dramático empeoramiento de las condiciones de vida y denunciar la política de la criminalización. Frente a esto alrededor de veinte organizaciones se pronunciaron una Declaración Conjunta de Pobladores y Pobladoras en el marco de la Cuenta Pública Presidencial 2023 con cuatro puntos: Medidas a corto plazo ante la alza de la canasta básica, plan habitacional al servicio de las necesidades, autorregulación inmediata de las familias en situación de campamento y la detención de la legislación de la ley de usurpaciones.
No podemos seguir esperando, las tomas representan acciones concretas que permiten subsanar de manera rápida y efectiva una de las principales demandas de la clase trabajadora, que no recibió respuesta de ningún gobierno, incluído el de Boric. No aceptamos la criminalización, estigmatización y mercantilización del derecho a la vivienda y la lucha por conquistarlo. El estado tiene la responsabilidad de dar acceso al suelo y dotar de hogares para la población. Las y los trabajadores tenemos que organizar la lucha contra la criminalización y por un plan de construcción de viviendas populares -bajo control obrero- financiado por impuestos a las grandes fortunas y a las viviendas ociosas para poner coto a la especulación inmobiliaria. Por el acceso a una vivienda digna, en territorios y comunidades seguras, por el derecho a luchar por nuestros derechos, pongamos a andar la experiencia que como pueblo hemos acumulado a lo largo de la historia organizándonos contra los poderosos. Con los métodos de la clase obrera, asambleas y plenarios de coordinación para definir un plan de lucha contra la ley anti tomas y viviendas para todo aquel que la necesite.
