La llegada a una segunda vuelta entre una candidata como Jara, completamente adaptada al régimen y dedicada a dar garantías a la burguesía, y una ultraderecha encabezada por Kast, con un programa abiertamente reaccionario, no es una anomalía ni un accidente electoral, sino el resultado directo del fracaso político del gobierno de Gabriel Boric frente a la derecha. Lejos de contener su avance, el gobierno optó por la conciliación, asumió parte de la agenda reaccionaria —en seguridad, migración y orden público— y renunció a cualquier transformación estructural. Esta estrategia no solo no frenó a la ultraderecha, sino que la legitimó, la fortaleció y la colocó en condiciones de disputar el poder con mayor fuerza, mostrando con esto las limitaciones propias del progresismo como estrategia de contención del avance reaccionario y dejando a los trabajadores sin una alternativa real dentro del marco institucional.
Tras el estallido social, la clase trabajadora no solo no avanzó, sino que terminó en una situación aún más precaria, con salarios deteriorados, mayor represión y frustración política. El gobierno de Boric cumplió cabalmente la tarea que la burguesía le asignó: restablecer la estabilidad del régimen, cerrar el ciclo de movilización y desactivar la lucha social mediante acuerdos, promesas vacías y control represivo, asegurando la continuidad del orden neoliberal.
El gobierno de Boric no solo administró el orden existente, sino que entregó y fortaleció herramientas represivas destinadas a contener y reventar la movilización popular, legitimando el despliegue policial y militar contra el pueblo trabajador. Al mismo tiempo, su política de gobernabilidad y conciliación de clases permitió a la derecha recomponerse y reorganizarse como no lo había logrado desde el fin de la transición, recuperando iniciativa política, imponiendo su agenda represiva y preparando el terreno para una ofensiva reaccionaria de mayor alcance.
En el plano económico-social, su reforma previsional (que Jara levanta como bandera de campaña) no eliminó el sistema de AFP y, lejos de desmantelar, lo fortaleció y legitimó bajo una fachada “progresista”, manteniendo intacto el negocio financiero y las pensiones de miseria para la mayoría de la clase trabajadora. A esto se suma la ausencia de una solución real al CAE, perpetuando el endeudamiento de miles de jóvenes bajo un esquema de educación mercantilizada.
En el terreno político-represivo, el gobierno impulsó y respaldó leyes y medidas que refuerzan el control social y la criminalización de la protesta, como la ley Nain-Retamal, la ley antitomas y la ampliación del concepto de “seguridad” e “infraestructura crítica”, habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones internas. Estas políticas no solo mantienen intacto el modelo neoliberal, sino que dotan al Estado de nuevas herramientas para reprimir, disciplinar y desmovilizar a quienes luchan, cumpliendo así un rol central en la estabilización del régimen y en el fortalecimiento de la derecha reaccionaria.
Un nuevo contexto internacional
El avance global de la derecha y la ultraderecha no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino la expresión política de la crisis estructural del capitalismo. Gobiernos y liderazgos como Novoa, el giro reaccionario en Bolivia, Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos y Corina Machado como ariete del imperialismo en Venezuela muestran una misma tendencia: ajuste brutal, disciplinamiento social, ofensiva anticomunista y criminalización de la protesta. Este escenario se articula con hechos de alcance histórico, como el genocidio en Palestina, tolerado y financiado por las potencias imperialistas, y las amenazas de intervención militar en Venezuela, que buscan reordenar la región en favor del capital transnacional. La institucionalidad burguesa no solo es incapaz de frenar esta ofensiva: la administra y la legitima. Frente a ello, la experiencia internacional confirma que la única forma real de enfrentar y frenar a la derecha reaccionaria no es mediante pactos electorales ni frentes con sectores del régimen, sino a través de la acción directa, la organización independiente y la movilización consciente de la clase trabajadora y los pueblos, construyendo fuerza social desde fuera de los márgenes del orden capitalista.
Tras la experiencia Boric-Kast
La experiencia política del ciclo Boric-Kast deja una lección clara para el movimiento popular y la izquierda anticapitalista: no se puede volver a repetir la ilusión de “frenar a la derecha” apoyando a la izquierda del régimen. El chantaje del “mal menor” no solo fracasó, sino que terminó fortaleciendo las bases materiales y políticas del propio modelo neoliberal que decía combatir.
El gobierno de Gabriel Boric, surgido al alero de las movilizaciones del 18 de Octubre y presentado como una alternativa de cambio frente a la ultraderecha, no avanzó en transformaciones estructurales. Por el contrario, administró el Estado capitalista con criterios de gobernabilidad, conciliación de clases y subordinación a los intereses del gran capital. La promesa de superar el legado neoliberal se diluyó rápidamente en pactos parlamentarios, acuerdos con la derecha tradicional y una adaptación completa a los límites del régimen político heredado de la dictadura.
Lejos de desmontar el modelo, se profundizaron aspectos centrales del neoliberalismo, como quedó en evidencia con la reforma de pensiones: fortalecimiento de las AFP, consolidación del negocio financiero y mantención de pensiones de miseria para la clase trabajadora. La retórica progresista encubrió una práctica política que terminó legitimando el orden existente y desmovilizando a amplios sectores que habían depositado expectativas en un cambio real.
En este escenario, la polarización Boric-Kast operó como una falsa disyuntiva. Mientras Kast representa abiertamente el proyecto reaccionario y autoritario del capital, Boric cumplió el rol complementario de canalizar el descontento social hacia una salida institucional sin ruptura, asegurando la continuidad del sistema. Ambos polos, desde lugares distintos, contribuyen a la estabilidad del régimen y al cierre de cualquier perspectiva de transformación profunda.
El balance es contundente: apostar nuevamente por la izquierda institucional para frenar a la derecha solo conduce a nuevas derrotas políticas y sociales. La tarea pendiente no es recomponer alianzas electorales dentro del régimen, sino reconstruir una alternativa independiente de la clase trabajadora, con un programa anticapitalista, superador y basado en la movilización, no en la administración del orden neoliberal.
Los trabajadores, tras transitar la experiencia del gobierno frenteamplista deben llegar a una conclusión lógica, un resultado es claro: hoy la derecha reaccionaria supera el 50 % del apoyo electoral, desplazando a la vieja derecha liberal-conservadora y consolidándose como una alternativa de poder real, alimentada por un gobierno que prefirió garantizar estabilidad al capital antes que profundizar la movilización .
Delimitación frente a los programas moderados y la izquierda adaptada
Desde una perspectiva de clase, es imprescindible marcar una delimitación tajante con el programa de Jara y con toda la izquierda adaptada al régimen. No estamos frente a un proyecto de transformación, sino ante una candidatura que asume como propios los límites del orden capitalista, garantiza gobernabilidad a la burguesía y acepta como inevitables las concesiones estructurales al gran capital. Su programa no cuestiona las bases del régimen capitalista neoliberal, legitima la institucionalidad heredada y avala el reforzamiento del aparato represivo del Estado, presentado como “orden” o “seguridad”, pero dirigido en los hechos contra la movilización popular. Frente a esto, rechazamos toda política de concesiones, pactos y adaptaciones que solo han servido para desmovilizar, frustrar y preparar el terreno para el avance reaccionario.
Tareas para la clase trabajadora y los sectores populares
La experiencia reciente confirma que la derecha no se combate desde la institucionalidad ni mediante frentes electorales con la izquierda del régimen, sino a través de la movilización independiente de la clase trabajadora, de las mujeres y de las disidencias, con métodos propios y una orientación anticapitalista. Es en la lucha directa, en la huelga, la protesta y la acción colectiva directa donde se construye una fuerza real capaz de enfrentar a la ultraderecha y al régimen que la engendra. En este marco, el voto nulo se levanta como una herramienta política consciente, no como abstención pasiva, sino como un acto de rechazo a la falsa disyuntiva entre la ultraderecha y la izquierda adaptada al régimen. Llamamos al voto nulo, cómo herramienta para impugnar la legitimidad de ambos proyectos, afirmar la independencia política de la clase trabajadora y abrir el camino para la construcción de una alternativa clasista, revolucionaria y verdaderamente emancipadora, que tenga como norte estratégico un gobierno de las y los trabajadores.
13/12/25
