El jueves 26, la Dirección del Trabajo (DT) emitió un dictamen que otorga la posibilidad al empleador de no pagar la remuneración de los trabajadores en caso de que estos se encuentren en cuarentena, no puedan llegar al trabajo por el toque de queda o estén sitiados por los posibles cordones sanitarios que se levanten.
La iniciativa de la DT se enmarca en un cuadro brutal de ajuste que está llevando adelante el gobierno en contra de los trabajadores, desestimando las advertencias de organismos internacionales sobre el control de la pandemia, para asegurar la ganancia de los capitalistas.
El cuadro de una crisis severa
No es nuevo para nadie que la economía nacional está inmersa en una profunda crisis al mismo tiempo que la salud pública está destruida, la emergencia creada por la proliferación del Covid-19 lo expone crudamente. Al mismo tiempo golpea duramente al gobierno nacional y la posibilidad de encontrar una salida a la crisis iniciada el 18 de octubre. Sebastián Piñera y la gran patronal buscó utilizar la pandemia como un salvavidas, pero lo que ocurrió fue que acentuó las contradicciones sociales y sobre todo las necesidades populares que mantiene movilizadas a amplias capas de las masas desde el 18 de octubre.
Piñera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se han negado férreamente a declarar una cuarentena total en el país, mientras sí la declaran en algunas zonas acomodadas. Su preocupación no es la protección de la salud de la población, sino salvar el posible quiebre de la aerolínea Latam y financiar la deuda de empresas medianas con la fijación de una tasa de interés en 1%. La tentativa del gobierno, desde el inicio de la pandemia ha sido mantener la producción intacta para evitar un derrumbe generalizado de la economía, a costa de la salud obrera.
La profundización de la crisis ha significado una masiva ola de desocupados. Miles de trabajadores han perdido su fuente de ingresos por el cierre de distintas actividades, en su gran mayoría ligadas al comercio. A estos se le suman los 70.000 despedidos, durante la rebelión popular y los 370.000 despedidos por necesidades de empresa, en febrero. Según cifras difundidas por Juan Pablo Sewtt, ex director de la CPC, el coronavirus podría arrasar con un millón de empleos de aquí a junio y 150 mil pequeñas, medianas y grandes empresas podrían quebrar.
Con el coronavirus pretenden esconder que la ola de despidos es una constante, debido al nulo crecimiento del país durante años, manteniendo el desempleo y el empleo informal elevados.
El actual presidente de la CPC, Juan Sutil, señaló el viernes 27 que la paralización de la producción significaría convertir a Chile en uno de los países más pobres de Latinoamérica. Y es que la crisis a la cual asistimos amenaza con mandar por la borda todo el oasis que se ha construido en base al endeudamiento de las familias trabajadoras y la privatización de más de medio Chile desde la dictadura hasta ahora. La pandemia solo potencia las tendencias de fondo.
La independencia política como factor
Mientras el desempleo crece la posibilidad de contagio en los lugares de trabajo y el sistema de transporte aumenta. El sistema de salud público se encuentra al borde del colapso al tiempo que el gobierno se endeuda para paliar la crisis de las patronales. Ahora plantea el no pago de sueldos para quienes estén imposibilitados de ir a trabajar. La CUT y la Mesa de Unidad Social han desechado cualquier posibilidad de llamar a una huelga general para reclamar una cuarentena total.
Aun cuando la burocracia sindical ha hecho caso omiso de movilizar a las y los trabajadores por el cese completo de las actividades, la independencia política de la clase trabajadora se ha manifestado de manera vigorosa. En el hospital público de Antofagasta esta semana hubo un paro por las precarias condiciones del centro asistencial, además varios sectores de trabajadores han amenazado con la paralización si es que no se decreta una cuarentena nacional, como la unión portuaria, sindicatos mineros, trabajadores de la celulosa y los trabajadores salmoneros en el caso de Chiloé, que cercaron la isla impidiendo el acceso de Carabineros. Se suma además el hecho de que la coordinadora 8M y la coordinadora de asambleas populares están impulsando una huelga general para reclamar la cuarentena total.
En el marco de las medidas anti obreras del gobierno, es necesario que las y los trabajadores avancemos hacia una huelga general, reclamando la suspensión de este dictamen, la mantención del pago de todos los sueldos y la creación de un fondo, financiado por las empresas y el Estado, para otorgar un salario básico a quienes están imposibilitados de trabajar. Así como la isla Chiloé se ha levantado por la cuarentena total y la paralización de la actividad productiva, las y los trabajadores del resto del territorio deben avanzar hacia ese horizonte.
