Durante este fin de semana se desarrollaron diversas actividades en conmemoración del We Tripantu, que en lenguaje winka sería el “año nuevo Mapuche”, o solsticio de invierno. Diversas organizaciones populares que reivindican las luchas de los pueblos originarios realizaron actividades en los barrios, apoyados en agrupaciones locales; también grupos snobs pequeñoburgueses prepararon iniciativas folkloristas para hacer efectiva su mirada multicultural, con espacios donde se reúnen más por una identidad falsa que por un apoyo real a la causa de liberación de la opresión de los pueblos originarios.
Punto a parte son las ceremonias organizadas por las propias comunidades de pueblos indígenas que viven sistemáticamente la opresión.
Independiente de las características de cada categoría nombrada, que se entremezclan con la diversidad propia de la población del país en cada lugar activado por la conmemoración, hay un elemento en común que no puede pasarse por alto: este We Tripantu se conmemora con un nuevo año de militarización del Gulumapu por parte del Estado burgués chileno.
La realidad es que a la fecha se despliegan más de 1400 soldados en la macro zona sur que ejecutan la militarización de la Araucanía, dónde se suman 30 vehículos blindados y 8 bases de avanzada, según informan los medios de comunicación hegemónicos. Y es que el capitalismo necesita de las fuerzas represivas del Estado para llevar a cabo el saqueo de los recursos naturales, ya que sin ellas no es posible imaginar la destrucción parasitaria de las tierras ancestrales Mapuche por parte del empresariado criollo.
Por otro lado, el saqueo forestal requiere del subsidio estatal para la reforestación y recuperación de suelos degradados, ya que la depredación forestal destruye la tierra, pero al mismo tiempo necesita de la misma para su reproducción, esto deja en evidencia que no contentos con destruir el medio ambiente, las forestales echan mano de los recursos fiscales para mantener su negocio y seguir saqueando el sur de Chile. Y es que en octubre de 1974, en plena dictadura militar, se dicta el decreto de ley 701, que permite una bonificación del 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus (plantaciones que han atentado contra el bosque nativo de forma irreparable), lo que ha sido aprovechado de forma parasitaria por empresas como la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) del Grupo Matte, y la Celulosa Arauco del grupo Angelini, ambas complices civiles del terrorismo de Estado pinochetista en los años más oscuros de la historia reciente de Chile. El escenario es más obsceno si consideramos que el 40% de la superficie forestal está en manos de los grandes grupos económicos que saquean al país, ya sean sus recursos naturales como las arcas fiscales.
Pero mientras las empresas forestales se llenan los bolsillos mediante la explotación capitalista a destajo en el Gulumapu, y los discursos de quienes defienden la instalación de dichos grupos empresariales se basan en que se genera más trabajo y mejora la economía, la realidad es otra: los índices de pobreza en la Araucania son aberrantes. Según la encuesta Casen, la tasa de pobreza por ingresos en la IX región es del 11,6%, superando ampliamente la media nacional que es del 6.5%. Esto sumado a la pobreza multidimensional dónde se observa un 19.8%. Atendiendo esta contradicción entre el desarrollo de la industria forestal y los niveles de pobreza de las comunidades y población en general, un estudio publicado en Human Ecology Journal en el mes de septiembre de 2020 que lleva por nombre «¿Generan las grandes empresas forestales prosperidad en las comunidades indígenas? Los impactos socioeconómicos de las plantaciones en el sur de Chile», concluye lo siguiente: “la expansión de la industria forestal no ha tenido ningún impacto en la reducción del desempleo o en el aumento de las oportunidades de empleo y en los ingresos de las personas. Muy por el contrario, en las comunas donde se ha experimentado un aumento en las plantaciones forestales, la pobreza y la desigualdad de ingresos ha aumentado tanto entre los indígenas como entre los no indígenas”.
Bajo estás condiciones, el capital forestal se jacta de ser uno de los que más ingresos aporta a nivel nacional. La actividad forestal en la Araucanía representa el 10.5% del PIB forestal nacional, lo cual, como vimos en las cifras anteriores, no se refleja en el desarrollo ni en el mejoramiento de los índices de bienestar social de la población.
Es en este contexto en que la militarización de la Araucanía es necesaria para mantener resguardadas las ganancias de grupos empresariales parasitarios. El presidente progresista Gabriel Boric, durante su pomposa campaña electoral antes de ser presidente vociferó a los cuatro vientos que sacaría a los militares del Gulumapu. Efectivamente lo hizo el 27 de marzo del 2022. Pero para la quincena de mayo del mismo año, a 66 días de haber asumido la presidencia, Boric decretó nuevamente el Estado de Excepción en la Araucanía, continuando con las órdenes políticas de Piñera, el referente demócrata y santito del presidente neoconcertacionista, y los grandes capitales que operan en la zona. Apelando al imperativo del “orden público y seguridad”, que son los calificativos para ocultar el orden burgués y la seguridad de la acumulación capitalista, el gobierno ejecutó la voluntad de la CPC (la Confederación de la Producción y el Comercio, organización que representa los intereses del gran empresariado chileno).
La opresión que vive el pueblo Nación Mapuche no ha disminuído, sin ir más lejos, este We Tripantu se encuentra atravesado tambien por la desaparición de Julia Chuñil, activista defensora de tierras ancestrales, desaparecida tras recibir amenazas de parte del empresario forestal Morstad y cuya familia ha denunciado encubrimientos e impunidad de parte de la justicia, no han investigado y además la familia ha sido víctima de hostigamiento de parte de carabineros quienes han llevado adelante brutales allanamientos a la familia y a la comunidad completa, como parte de una política de continuidad de opresión sobre el pueblo Nación Mapuche por parte del Estado chileno.
Por otro lado, y en un acto brutal de gatopardismo, durante el mes de junio del 2023 se crea la comisión por la paz y el entendimiento, organismo encargado de realizar un estudio de las tensiones y conflictos en la macro zona sur, conformado por académicos, políticos, representantes de pueblos originarios y empresarios elegidos a dedo por el poder ejecutivo. Durante inicios de mayo, fue entregado el informe de dicha comisión, y las organizaciones Mapuche que reivindican la autodeterminación, la reconstrucción nacional y la recuperación territorial, ya han expuesto la farsa que constituye el mismo, que solo representa los intereses del empresariado y del régimen burgués, y solo es un dispositivo para asegurar las ganancias y la acumulación capitalista en los territorios ancestrales del pueblo-nación mapuche.
Y es que en esta nueva conmemoración del We Tripantu, el gobierno ya lleva 1133 días de militarización en el Gulumapu, superando con creces al violador de DDHH Sebastián Piñera. Sumado a lo anterior, no es posible pensar en los actos represivos y sistemáticos sin leyes, y ha sido bajo este gobierno en que se ha perfeccionado la Ley Anti-Terrorista, instrumento de la cual se ha servido el Estado y el empresariado para perseguir y encarcelar a las organizaciones y comunidades Mapuche en resistencia.
Pero ni las leyes represivas, ni los recursos militares en la Araucanía han podido sofocar la lucha de las organizaciones Mapuche que mantienen las banderas de la autodeterminación en alto, y que siguen firmes en sus reivindicaciones y confrontación con el capital extractivista, aun con la violencia estatal en sus territorios. El Estado burgués tampoco ha podido quebrar la moral y convicción de los presos políticos Mapuche, quienes también alzan la voz desde las cárceles sin dejarse avasallar por los intereses empresariales en el territorio.
En el actual contexto histórico, y desde nuestras humildes posiciones, consideramos una necesidad articular las demandas de los trabajadores explotados del Gulumapu, con las reivindicaciones de autodeterminación del pueblo nación Mapuche. Ambos sectores, entremezclados por las propias dinámicas del capitalismo, sufren las consecuencias estructurales del despojo y la precarización.
La lucha del pueblo Nación Mapuche conseguirá su cima en alianza con todos los explotados, solo la lucha unificada puede poner fin a las condiciones de explotación en la macrozona sur, logrando conquistas para elevar el nivel de vida y recuperación del territorio que han sido degradados por la industria extractivista en el Gulumapu.
– Fin de la militarización del Gulumapu
– Por la autodeterminación y re-construcción nacional del Pueblo Mapuche
– Libertad a lxs Presxs Políticos Mapuche
– Fuera las empresas del capital forestal de las tierras ancestrales Mapuche!
– Aparición con vida de Julia Chuñil!
– Por la unidad de las reivindicaciones de los sectores explotados con las demandas de los pueblos originarios!
24/06/2026
