La masacre operativizada por la dictadura cívico-militar proyanqui, que tiene a Dina Boluarte y Alberto Otárola como dirigentes políticos, no ha podido frenar la rebelión popular. Al desbloqueo de la panamericana sur (Ica), le ha seguido un nuevo bloqueo en la carretera central (La Oroya), el día de hoy. Y a pesar de las detenciones de dirigentes, las movilizaciones en Lima continúan en intensidad desde todos los puntos de esta misma ciudad. Incluso, la crisis ha llegado al cuerpo diplomático, que se debate en cuestionamientos a la línea represiva del gobierno golpista. Es en este contexto que la OEA acaba de señalar que “le preocupa el uso excesivo de la fuerza” y plantea “acelerar el adelanto de elecciones”.
Contradicciones con el neofascismo peruano
No obstante, los congresistas militares como Montoya, Cueto, Chiabra o Williams, expresión del ala dura de la derecha, no quiere ceder y maniobra con suspensiones del pleno y el “argumento” de que “el pueblo no quiere elecciones en 2023 sino hasta el 2026”. Según el neofascismo, adelantar las elecciones implicaría hacerle el juego a la “izquierda radical”.
La dialéctica de la rebelión popular peruana
El adelanto electoral es una maniobra que trata de aplicar el golpismo para descomprimir las protestas sociales.
Pero el temor del neofascismo es el que el tiro salga por la culata y que no se logre el efecto buscado: que las masas no se replieguen a sus casas, sino que continúen en las calles. Por otra parte, los partidos que hoy integran el Congreso están sumamente desacreditados a los ojos de la población y nadie tiene seguridad de que pueda retener sus escaños en caso de que se ratifique el adelantamiento electoral.
En verdad, las masas en lucha están demandando la renuncia de la dictadura golpista, incluido el Congreso corrupto y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, así como la liberación de Pedro Castillo (aunque esta consigna ha bajado en intensidad por el momento). El planteo de adelanto de elecciones al 2023 fue impuesto por un sector de la centroizquierda, manifestando su espectacular aggiornamiento al régimen de explotación capitalista.
El adelanto de elecciones 2023 como una distracción
No está claro todavía que las masas vayan a aceptar el adelanto de elecciones 2023. Según una lista que circula por redes sociales, habrían 78 asesinados por la dictadura. Sin embargo, el paro indefinido en cinco regiones va a cumplir un mes el 4 de febrero y son provincias que viven del comercio. Es cierto que hay un desgaste, pero todavía el movimiento mantiene un impulso ascendente. La clave de la situación pasa por la incorporación a la protesta de la clase obrera peruana. Por ahora, la industria peruana, empezando por los yacimientos mineros, no participan del movimiento de lucha. Esto le otorga a la burguesía y al gobierno en particular un cierto oxígeno y un margen de maniobra para actuar. La paralización de los sectores neurálgicos de la economía con la extensión de la huelga en los medios fabriles provocaría un vuelco decisivo en el alcance de las protestas y aceleraría un desenlace a favor de los trabajadores en la crisis en curso.
Por un gobierno de los trabajadores del campo y la ciudad
El fin del adelanto electoral es, como señalamos líneas arriba, descomprimir el movimiento social en combate. La dictadura debe caer ya. Pero para obtener este objetivo es importante esclarecer que ningún “gobierno provisional de notables o la sociedad civil” va a solucionar las demandas de las masas. Estas variantes son funcionales al régimen de explotación y opresión capitalistas.
Hay que centralizar la lucha social. Se acaba de crear un Comité de Lucha de las Regiones en el local de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fenutsa), en contraparte a la política vacilante y burocrática de la CGTP. Hay miles de trabajadores provincianos de diversas partes del país en Lima. Toda esta energía de combate debería ser canalizado mediante un solo organismo a través de una Asamblea Popular Nacional de trabajadores del campo y la ciudad, con delegados mandatados por sus bases. Bajo esta perspectiva es necesario impulsar asambleas en los lugares de trabajo, en especial en los centros fabriles y explotaciones mineras, cuya integración juega un rol estratégico.
A la vez que se organiza la caída de la dictadura a través de un plan de lucha debe plantearse un gobierno de los trabajadores que sustituya a Dina Boluarte. Las organizaciones obreras, campesinas y populares en lucha que enfrentan el golpe deben tomar y hacerse cargo del Estado. Este gobierno obrero, campesino y popular debería llamar a una Asamblea Constituyente soberana (sin poderes paralelos).
Nota Original de Prensa Obrera
