La semana pasada, tras una larga tramitación se aprobó de manera casi unánime en el Senado la reforma constitucional al Banco Central que faculta a esta entidad a comprar bonos del fisco a quienes hoy los poseen, esto es, bancos, fondos previsionales, fondos mutuos, entre otros. La posibilidad de llevar adelante esta artimaña financiera, abre paso para un rescate abierto a un Estado quebrado por parte del propio Estado, que pasaría a convertirse en el principal acreedor de los bonos de deuda pública que ya han sido emitidos.
Desde principios de agosto el peso se ha depreciado fuertemente, llegando a ser en tres jornadas la moneda más devaluada en el mundo. La paralización de Codelco (empresa estatal del cobre) por efectos del Covid-19, la escalada en el conflicto internacional entre China y Estados Unidos y el fuerte gasto que ha demandado la pandemia al Estado, destinado en gran medida al rescate de empresas mientras la población empobrecida enfrenta el hambre a través de las ollas comunes, ha dejado pendiendo de un hilo las reservas fiscales. En un escenario negro para la economía chilena, la iniciativa del gobierno busca amortiguar una agudización de la crisis económica y social que ya se encuentran en estado crítico.
La batería de reformas que aún mantienen crispado al país
El conjunto de maniobras que ha llevado adelante el gobierno buscan paliar la brutal crisis económica en que se encuentra inmersa Chile. Los préstamos a costo cero, la ley de protección de empleos que pronto espera nuevas modificaciones para seguir atacando a las y los trabajadores, la reforma al Banco Central, el retiro del 10% de los fondos de las AFP y el plan paso a paso para el desconfinamiento, son las medidas con las que el gobierno pretende enfrentar la gran depresión.
La aprobación del retiro del 10% asestó un duro golpe al gobierno y abrió una crisis en la coalición Chile Vamos, pero también ha servido para inyectar liquidez en el corto plazo. Amparado en el retiro del 10% el gobierno pretenderá avanzar en una reforma jubilatoria regresiva aumentando los porcentajes de cotizaciones y la edad jubilatoria. Por lo pronto, el retiro del 10% significa un recrudecimiento de los mecanismos de endeudamiento de la clase trabajadora. Por su parte, el Banco Central compró los activos financieros que las AFP han salido a vender para poder hacer efectiva la devolución del 10%, incrementando la deuda pública en cerca de 4.500 millones de dólares, que además ha asumido el compromiso de devolver en un periodo determinado a las administradoras de los fondos de pensiones y que se suman a los 12.000 millones de dólares que el FMI entregó a principios de la cuarentena.
En este cuadro, la capacidad de maniobra del gobierno está reducida al mínimo. El vaciamiento progresivo de las arcas fiscales y la paralización de la mitad de las faenas del cobre han presionado a la reapertura de la cuarentena. Pasamos así a otra cara de la política negacionista del gobierno de Piñera que busca justificar el abandono de la cuarentena para reactivar la economía, aún cuando no existen garantías de que no tengan lugar rebrotes como lo demuestra la experiencia en otros países. El plan paso a paso busca centralmente, arrojar a una masa gigantesca de ocupados y desocupados a trabajar a costa de la salud y la vida de la clase trabajadora.
Las brasas de la rebelión se avivan
Mientras el gobierno está empeñado en la reactivación de la economía, las brasas de la rebelión se avivan en un escenario fuertemente crispado. El movimiento de mujeres ha liderado, mediante la red de asambleas populares y medidas de acción directa, el rechazo al Estado y su política criminal hacia la mujer. Además las ollas comunes y las asambleas populares reclaman contra la carestía. El mes de julio se caracterizó por movilizaciones populares, contra las AFP, las violaciones y femicidios y la cuestión mapuche.
El revés que ha tenido el gobierno no ha sido solo de la clase trabajadora que se ha movilizado por sus reclamos pendientes de la rebelión de octubre, sino que incluso la misma burguesía que lo apoya se encuentra tensionada con la reciente movilización de un sector de la federación de camioneros para reclamar un recrudecimiento de la represión en la Araucanía. La amenaza de una huelga patronal de este sector rompe con el plan de la burguesía de reactivar la economía y esto ya lo ha hecho ver el presidente de la federación de dueños de camiones, que han salido a reclamar prudencia por parte de los conductores. El mismo ministro del interior, que ha sido impulsor de la reacción fascistoide de estos sectores, se ve imposibilitado de responder con mayor brutalidad policial dada la fuerte movilización que se ha llevado adelante en los últimos días en las periferias y la Araucanía por la libertad de las y los presos políticos mapuches.
Asistimos entonces a fuertes choques no sólo de una clase contra la otra, sino entre sectores de la burguesía. La crisis capitalista ha escalado nuevamente y todo indica que la posibilidad del gobierno de llevar adelante un retorno a la normalidad es virtual. Por ello mismo ha movilizado recursos económicos y un reforzamiento del aparato represivo para desactivar todo atisbo de revitalización de la rebelión.
La rebelión popular sigue activa y la crisis abierta por el Covid-19 y la guerra comercial han preparado un terreno fértil para que todas las contradicciones previas al aterrizaje del virus se hayan agudizado. Advertimos la necesidad urgente de la articulación de las asambleas populares y una respuesta del sindicalismo. Pues mientras ocurre de todo, la CUT se encuentra pactando un mezquino reajuste salarial del sueldo mínimo; mientras toda la rebelión luchaba por un sueldo de 500 mil pesos, la CUT lo pacta en 320 mil.
Llevar adelante un congreso nacional de asambleas populares y un congreso nacional del sindicalismo combativo es necesario, no sólo porque Piñera prepara nuevos ataques a la clase trabajadora, sino porque la consolidación del Estado policial abre paso a una brutal represión que sólo puede ser enfrentada con una organización robusta por parte de las y los explotados. La responsabilidad de que existan presas y presos políticos mapuches, los femicidios que han estremecido al país, la carestía y la represión son principalmente del Estado, pero su responsable político es Piñera. Las y los trabajadores necesitamos poner en pie un plan de lucha, con la huelga general como norte para imponer nuestras demandas y una asamblea constituyente libre y soberana.
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