Tras la movilización de un millón de personas del viernes pasado en Santiago, el gobierno de Sebastián Piñera procedió a un recambio parcial de gabinete que dejó afuera algunas de las figuras más odiadas del régimen, como el ministro del interior Andrés Chadwick (uno de los máximos responsables de la represión, que había salvado su cabeza en una ocasión anterior, cuando el asesinato a manos de las fuerzas represivas del referente mapuche, Camilo Catrillanca, desatara una crisis política), o el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine, que había llamado a los chilenos a levantarse más temprano para sortear el aumento del subte que detonó la rebelión (dado que de madrugada había un precio diferencial).
La maniobra de Sebastián Piñera cosechó algunos elogios en la oposición, pero no entre los manifestantes, que reclaman que se vaya el presidente y han puesto en tela de juicio todo el régimen democrático heredado del pinochetismo (“no son 30 pesos [monto del aumento en el subte], son 30 años”, se dice en las calles). El martes volvió a haber movilizaciones. Los estudiantes movilizados interpretan como una provocación la permanencia en el cargo de la ministra de Educación. La comunidad mapuche protagonizó una movilización de 5 mil personas en Temuco, que denunció la militarización de sus territorios. Decenas de miles de personas unieron en una caminata de protesta las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso el pasado fin de semana. Pese a que el gobierno se vio obligado a levantar el toque de queda y el estado de emergencia, el ejército volvió a cargar contra las manifestaciones del lunes.
El movimiento obrero es otro de los factores de la rebelión. Este miércoles se desarrolló un nuevo paro general con movilizaciones convocado por la Unidad Social, que reúne a la CUT y otras organizaciones gremiales y sociales. Los portuarios se adelantaron, empezando el cese de tareas el martes. Lo mismo ocurre con la Confusam (trabajadores de la salud municipal), que denuncia el desfinanciamiento del sector sanitario y anticipó que retomará el paro el lunes 4, tras los feriados que habrá esta semana. Iniciaron un paro general este martes también los mineros de Escondida, en apoyo a las protestas y contra los “abusos” de la patronal.
También empiezan a desarrollarse en algunos distritos asambleas comunes de estudiantes y trabajadores. En tanto, la Unidad Social impulsa cabildos abiertos de debate ciudadano.
Instituciones
Como la represión no ha servido para detener la movilización popular (el Instituto Nacional de Derechos Humanos denuncia 20 muertos, 1.092 heridos y 17 querellas iniciadas por violencia sexual contra detenidxs, en tanto que la Justicia impuso la prisión preventiva a 380 de los arrestados, mientras el gobierno prepara las acusaciones), se ha puesto en marcha un operativo político que aspira a desactivar la rebelión por la vía parlamentaria-institucional.
Este operativo se basa, en primer lugar, en la discusión de una “agenda social” de reformas para emparchar el régimen pospinochetista, consensuada entre el oficialismo y un sector de la oposición (Democracia Cristiana, PS, radicales, etc.).
Al mismo tiempo, hay sectores que impulsan un plebiscito para reformar la Constitución. El Partido Por la Democracia (PPD), integrante de la Concertación Nueva Mayoría, presentó un proyecto de reforma constitucional con un único artículo que habilita al Congreso o al presidente a convocar un plebiscito para iniciar un proceso constituyente. En dicho plebiscito, plantea el PPD, los votantes deberían elegir el órgano encargado de llevar adelante el proceso: una Constituyente de “ciudadanos” electos a ese fin específico; el Congreso Nacional; o un mix de ambos. Es una variante de Constituyente absolutamente regimentada.
Beatriz Sánchez, la última candidata presidencial del Frente Amplio, se mostró proclive también a un plebiscito. “Hay una forma interesante y directa en que la gente puede participar y es a través de un plebiscito (constituyente)” (El Desconcierto, 29/10).
Mientras proclaman el rechazo a acuerdos de cúpula, en una carta que se acaba de dar a conocer, firmada por los presidentes de los principales partidos del Frente Amplio (Revolución Democrática, Comunes, Convergencia Social, Partido Humanista y Partido Liberal) invitan al nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a sentarse a conversar y poner en marcha un "diálogo abierto y transparente". O sea, el FA fogonea una salida negociada con el gobierno. En este contexto, lo único que podría alumbrarse es un plebiscito amañado que oficiaría de salvavidas del régimen actual.
Una línea similar es la que sostiene la CUT (central obrera de Chile), que no promueve la partida de Piñera, sino que éste convoque a un proceso de diálogo a las organizaciones.
Pero el pueblo chileno ya decidió. El plesbicito ya se hizo en las calles. La movilización de millones expresa la voluntad de que se vaya Piñera ya mismo, no de un proceso constituyente tutelado por el gobierno.
El denominador común de estas iniciativas en debate es que buscan darle un cauce institucional al proceso e incluso preserva al mismo Piñera. Son un intento artero por estrangular la rebelión.
El Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio impulsan en el Congreso una acusación constitucional contra Piñera, incluso a sabiendas de que tiene pocas chances de prosperar, dada la capacidad de bloqueo de la derecha (la iniciativa requiere un quórum especial) y las vacilaciones del PS. En la mejor de las variantes, inclusive, desembocaría en un nuevo proceso electoral o un nuevo presidente electo por el Congreso, donde son amplia mayoría la derecha y los concertacionistas.
La acusación contra Piñera es la variante más izquierdista de los planteos en danza para darle un cauce institucional al proceso de rebelión popular.
Lo que ha dejado planteada la movilización es que se puede y se debe echar a Piñera por medio de la movilización popular y la huelga general, para abrir paso a una Constituyente libre y soberana, convocada por las masas en lucha. En esta perspectiva, ha quedado planteado también el desarrollo de asambleas populares y un congreso de delegados de base del movimiento obrero, que incorpore representantes electos por el movimiento estudiantil y la población que participa activamente en la actual rebelión. La función de este congreso sería impulsar la huelga general y discutir un programa de salida a la crisis nacional, que remueva y ponga fin a la herencia pinochetista que se ha mantenido en pie en estos 30 años y proceda a una reorganización económica, social y política integral del país sobre nuevas bases sociales.
