ChiEn momentos en que Chile obtiene su nuevo récord diario de fallecimientos por Covid-19 (1) y los trabajadores de la salud denuncian las condiciones de completa precariedad en la que trabajan y en la que se encuentran los internados, se procesa un choque entre los poderes del Estado y se teje una nueva confiscación de los jubilados. El presidente Sebastián Piñera rechaza las iniciativas parlamentarias que plantean un mayor gasto social de parte del Estado y que toquen algún interés de algún un sector de la clase capitalista. Entre ellas, se encuentra el rechazo a la iniciativa parlamentaria que habilitaría que los trabajadores retiren hasta el 10% de sus propios fondos de pensiones de la AFP y la suspensión del corte de servicios básicos por no pago en el marco de la pandemia. Y el ingreso de madres de niños de hasta 6 años en la suspensión de contratos.
La tentativa de veto de Piñera, arguyendo la inconstitucionalidad de las iniciativas promovidas por la ‘oposición’ parlamentaria, ha abierto una crisis política. Esta se traduce en una tensión entre el poder Ejecutivo y el Legislativo y en el distanciamiento de Renovación Nacional de Piñera, introduciendo una grieta en la coalición de gobierno. No hay que perder de vista, sin embargo, que este choque se produce apenas dos semanas después de la firma del nuevo ‘acuerdo nacional’ entre el oficialismo y la ‘oposición’. La oposición, luego de haber sostenido a rajatablas al gobierno de la represión y los crímenes contra el pueblo, se encuentra ante la amenaza del veto presidencial, bebiendo de su propia medicina.
Sin embargo, la queja de Piñera, de que las leyes impulsadas por la oposición se distancian de los fondos presupuestados en aquel acuerdo, omite lo esencial: el corazón del ‘acuerdo nacional’ es su parte no escrita, y expresa el compromiso político de todas las fuerzas del régimen de cerrar filas contra la continuidad de la rebelión popular. Significó una refrendación del ‘acuerdo por la paz social y la nueva constitución’ firmado en noviembre pasado en plena rebelión. Desde este punto de vista, el ‘acuerdo nacional’ se mantiene intacto, pues ninguno de los partidos del parlamento tiene entre sus intenciones acicatear las profundas tendencias a la rebelión que anidan en el pueblo chileno. Más bien, todo lo contrario.
Apuntan contra las jubilaciones, el salario y el trabajo
El eje principal de la tensión versa en torno al planteamiento de la oposición parlamentaria, que cuenta ya con el acompañamiento de Renovación Nacional, que busca la habilitación del retiro de hasta el 10% de los fondos de las AFP por parte de los trabajadores que se encuentran con suspensión de contrato, que están cesantes o que trabajen de manera informal sin un ingreso robusto. Es evidente que el rechazo de Piñera a esta iniciativa responde a su defensa acérrima del negocio de los capitalistas de las AFP. Se trata de la defensa de un régimen previsional perverso de confiscación de los trabajadores, que ha llevado a que las jubilaciones representen apenas el 20% del último salario y que los adultos mayores se queden sin cobertura previsional en los últimos de sus vidas. Es por eso que poner fin al régimen de las AFP ha sido una de las principales banderas de la rebelión popular.
Pero detrás del planteamiento de la oposición parlamentaria se esconde otro golpe a los trabajadores y jubilados. Pues lo que en un principio podría resultar “beneficioso” para las y los trabajadores, porque accederían a un ingreso de hasta dos millones de pesos, esconde un ataque en regla a los fondos previsionales. Es evidente que la utilización de estos fondos para paliar la crisis económica por la que atraviesan las familias trabajadoras significaría pan para hoy y hambre para mañana, además del vaciamiento de los fondos de pensión.
No debería extrañar que este proyecto haya sido presentado por los diputados de la Federación Regionalista (FREVS), que mantiene un bloque político con el Partido Comunista. Esta orientación abona la política de parálisis y cooperación de la CUT, bajo la dirección del PC, con el gobierno de Piñera. Pues significa desviar cualquier tentativa de reclamo contra las patronales y el Estado por el programa mínimo elemental que debe orientar hoy la lucha de los trabajadores: el establecimiento de un seguro a todos los desocupados de 550 mil pesos; elevar los salarios y las jubilaciones mínimas al costo de la canasta familiar, hoy en los 800 mil pesos; y pelear por la estatización sin indemnización de las AFP para colocar los fondos previsionales bajo el control directo de los trabajadores activos y pasivos.
La necesidad de desenvolver la lucha por este programa se refuerza con la generalización de las ollas populares, que ponen en evidencia el alza de la carestía. Y la IFE [Ingreso Familiar de Emergencia], además de ser insuficiente, al momento ha llegado a una parte minoritaria de la población. El panorama previsto para julio, cuando se espera el pico de despidos y que los ingresos de los trabajadores suspendidos tengan una nueva reducción, refuerza la necesidad de desenvolver la lucha por el seguro al parado, el salario y las jubilaciones. Toma importancia la pelea por un congreso de delegados electos por las asambleas de base de todos los gremios, para avanzar en un plan de acción por el conjunto de las reivindicaciones laborales, previsionales y sanitarias.
Reformas constitucionales
Resulta curioso que Piñera haya optado por un ángulo constitucionalista para oponerse a las leyes ‘populistas’ de la oposición. Pues él mismo se encuentra impulsando una reforma constitucional con el objetivo de habilitar al Banco Central de Chile a comprar títulos del Tesoro nacional. Es así que en nuestro país, que se ha hecho conocido por ser la meca del ‘neoliberalismo’ latinoamericano, el gobierno de la derecha neoliberal está siendo empujado por la bancarrota capitalista a avanzar en una clásica medida ‘populista’, que pone fin a la ‘independencia’ del BCCh para colocarlo al servicio del rescate del fisco. Probablemente sea esta ‘contradicción’ la que haya dejado en el silencio a la oposición, en particular a su pata izquierda, que se ve referenciada en los gobiernos populistas de América Latina. Este suceso revela que las políticas de los gobiernos capitalistas no están orientadas por algún halo ideológico, sino por la necesidad de dar algún tipo de respuesta, por más limitada que sea, al derrumbe del actual régimen social.
El problema de las “reformas constitucionales” y de las “leyes inconstitucionales”, por un lado, y la necesidad de medidas de fondo para abordar la crisis sanitaria, económica y social, como la nacionalización de la banca, el comercio exterior, la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa, por el otro, vuelven a traer al escenario el problema de la lucha por una Asamblea Constituyente libre y soberana en Chile. Pero entendida ésta no como una instancia de tipo leguleya, sino como el punto de partida de una transformación social de características históricas. Una Constituyente solo podría ser libre y soberana en tanto parta de haber terminado, mediante una acción histórica independiente de los trabajadores y el pueblo de Chile, con el gobierno de Piñera y toda la runfla parlamentaria.
(1) Este artículo fue publicado originalmente el 30 de junio en el Facebook de la Fuerza 18 de Octubre.
