El XXVII Congreso del PO está llevando a cabo sus deliberaciones precongresales. En los plenarios relativos a la situación internacional surgieron distintas preguntas y problemas que esta sección buscará clarificar.
Es claro que el principal problema que aborda la rebelión chilena es la crisis dirección de su movimiento obrero. Es esta crisis de dirección la que ha limitado el alcance de la rebelión y ha posibilitado la permanencia de Sebastián Piñera en el poder. La falta de una intervención decidida y sostenida del movimiento obrero en el proceso chileno, es el resultado del papel de colaboración con el régimen de la burocracia sindical de la CUT, alineada al Partido Comunista, y de toda la mesa sindical de la Unidad Social. Que esta colaboración resulta estratégica y determinante para el sostenimiento del régimen, lo demuestra un hecho fundamental: cuando esa colaboración entró en crisis, por la presión de las bases del movimiento obrero, y el 12 de noviembre se desató en Chile un verdadero paro activo nacional de 24 horas, la rebelión popular tuvo su hito más importante y el gobierno de Piñera tambaleó. Si ese paro activo nacional se extendía, y tomaba la forma de una verdadera huelga general, el gobierno de Piñera hubiera pasado a mejor vida. El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” representa, justamente, la respuesta democratizante y contrarrevolucionaria del régimen frente al paro nacional activo del 12 de noviembre.
De ahí la importancia de la consigna “por un Congreso de delegados de base de la CUT y de todos los sindicatos” en Chile. Pues permite impugnar el papel de la dirección sindical y plantear un programa alternativo y un método de acción: la huelga general. Estos dos aspectos de la lucha política en Chile –a saber, la necesidad de desenvolver una fuerte denuncia de la burocracia sindical de la Unidad Social y el PC, y oponerle a la política colaboracionista de la dirección de la CUT el planteo del Congreso de bases y la lucha por la huelga general- representan cuestiones fundamentales para desenvolver una agitación revolucionario en el país trasandino.
Habiéndose pronunciado toda la vanguardia del movimiento de masas por la participación en el plebiscito del 26 de abril, la política de la abstención o el boicot aislaba a los revolucionarios de esa vanguardia. El voto por el sí en el plebiscito, debía ir necesariamente acompañado de las consignas fundamentales de la rebelión popular (Fuera Piñera, huelga general, por una Constituyente libre y soberana) y de un programa. La constituyente amañada dejaba abierto un escenario de crisis y choques permanentes. Pues la lucha por las reivindicaciones motoras que dieron lugar a la rebelión popular -salario, trabajo, terminar con las AFP y poner fin de la educación y la salud privadas- plantean choques de fondo de las masas con el régimen. Con el desembarco de la pandemia, todas estas reivindicaciones recobran más importancia aún, pues se han recrudecido todas las contradicciones sociales. La reprogramación del plebiscito para octubre, fruto de la pandemia, planteará tener una nueva evaluación de la situación chilena a la luz del impacto de la crisis sanitaria, social y económica, y del estadio concreto de movilización del movimiento de masas.
