Fue bajo la superficie, en el subte de Santiago de Chile, donde estalló el grito que da cuenta de reclamos profundos y extendidos en materia educativa, salud, jubilaciones, salarios, que se arrastran hace más de 30 años y cuestionan a todo un régimen social que ha reducido a la educación pública a su mínima expresión.
Como seguimos desde Prensa Obrera durante los meses de junio y julio de este año, ocho semanas de huelga docente y movilizaciones estudiantiles, con apoyo de portuarios, trabajadores de comercio y cacerolazos en las comunas, antecedieron la rebelión que ahora se está viviendo en Chile.
El “modelo” chileno
Desde la salida de la dictadura, al igual que ahora, uno de los principales reclamos del pueblo chileno es que el Estado brinde educación pública, gratuita y se prohíba el lucro con la educación privada. En la actualidad, sólo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado. El 75% restante depende de los aportes de los estudiantes.
La gratuidad educativa sólo está garantizada en el nivel básico. A partir del secundario, las escuelas pueden cobrar cuotas. En tanto, todas las universidades –tanto las públicas como las privadas- cobran aranceles. Las escuelas públicas pasaron a la órbita de las municipalidades. Los orígenes de la municipalización educativa pueden remontarse a 1973, cuando la dictadura militar dispuso dar inicio a la descentralización.
Podemos afirmar entonces que las bases del actual sistema educativo chileno fueron sentadas durante el régimen militar de Augusto Pinochet y continuadas bajo el régimen democrático, que turnó en el poder a la derecha y la Concertación. En 1981 Pinochet reformó el sistema universitario, eliminando la educación terciaria gratuita. A partir de entonces, los alumnos que quieren ir a la universidad pero no tienen los fondos para costearlo, deben pedir créditos, ya sea estatales (si van a la universidad pública, que recibe algunos aportes del Estado) o bancarios (si estudian en un instituto privado).
¡Que vivan los estudiantes!
Las manifestaciones lideradas por los estudiantes secundarios en 2006 calificadas como “revolución pingüina” (por el color de los uniformes de los estudiantes), en tiempos de la Concertación de Michelle Bachelet, pusieron de relieve toda esta situación de desfinanciamiento, crisis de infraestructura y segmentación al interior del sistema educativo.
Las movilizaciones del 2006 terminaron con la aprobación, dos años después, de la Ley General de Educación (que remplazó a la Loce) que contempló modificaciones en los procesos de admisión, currículum, y reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales, pero que no removió las tendencias precedentes.
En el 2011, bajo el segundo año del primer gobierno de Sebastián Piñera, nuevamente una intervención masiva de los estudiantes, mayoritariamente universitarios, generó las protestas en reclamo del fin de la oferta privada y el endeudamiento de los estudiantes, exigiendo la desmunicipalización de la educación. Y a pesar que se logró parcialmente para el 60% más pobre el acceso a la universidad, el endeudamiento según cifras oficiales indica que el 20% de los chilenos tiene mora por deudas en educación o salud.
Las luchas educativas se reactualizaron años tras año (2015, 2016) y la huelga de profesores de casi dos meses de este año levantando reivindicaciones “históricas”, con el método de la huelga, la asamblea por comuna, planteó una lucha de los trabajadores de la educación que fue empalmando con otros sectores y reclamos.
Educación o FMI
Hoy, en pleno desarrollo de la rebelión en el país trasandino, se ha convocado a boicotear la evaluación estandarizada y externa Simce que data de 1988, promovida en toda la región por la OCDE y organismos internacionales – versión de las pruebas Aprender y Enseñar impulsadas por el macrismo en Argentina.
Es claro que el sistema educativo Chileno es una muestra de una crisis de la educación latinoamericana, caracterizada por la descentralización, el desfinanciamiento, las reformas curriculares, ofensiva a las conquistas laborales y privatización creciente, que se va agravando de la mano de los acuerdos con el FMI que exige a los países con crisis de deuda las denominadas “reformas estructurales” a cambio de financiamiento. La lucha por la educación es incompatible con el FMI.
Como dice el lema popular que anima la rebelión chilena, “no son 30 pesos [monto del aumento en el subte que desató la rebelión], sino 30 años”.
El 5, marchemos en Buenos Aires con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia contra la represión y en apoyo a la rebelión chilena.
