Todos los años miles de estudiantes rinden la Prueba de Selección Universitaria, más conocida como PSU. Es un test estandarizado pautado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) que se divide en 4 áreas (Lenguaje, Matemáticas, Historia y Ciencias), cuenta con 80 preguntas múltiple choice por materia que abarcan contenido de toda la enseñanza media (secundaria), y es utilizado por universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y algunas privadas. El objetivo es seleccionar, en base al puntaje obtenido en dicha prueba, a quienes pretendan ingresar a las carreras universitarias que imparten.
La Prueba de Selección Universitaria fue implementada en el año 2003, en principio como una prueba transitoria, que al día de hoy se transformó en el reemplazo definitivo del sistema de selección anterior conocido como la Prueba de Aptitud Académica (PAA). Sin embargo, la PSU es nada más y nada menos que la traba principal para el acceso a la educación superior, su función de medir conocimientos no es más que un filtro que termina reflejando el problema de fondo que hay en el sistema educativo en general, puesto que quien tuvo la posibilidad acceder a una mejor calidad educativa (hoy impartida por los colegios privados) obtendrá un mayor puntaje, mientras que los hijos de trabajadores que en su mayoría han accedido a la educación de colegios municipales o particulares subvencionados (mitad aporte estatal, mitad aporte privado) alcanzan puntajes inferiores quedando por fuera de la educación superior o en su defecto cambiando la carrera que pretendían estudiar por una que exija menos puntaje y el costo ($) sea menor, ya que aun así, si logran ingresar a la universidad se deben endeudar por años (a través del Crédito con Aval del Estado) para poder pagar el arancel de la carrera.
Toda esta desigualdad se encuentra respaldada por las cifras del año pasado, donde de las 209 personas que rindieron la PSU y obtuvieron el máximo puntaje (850), solo 34 de ellos egresaron de colegios particulares subvencionados y tan solo 22 provenían de establecimientos municipales, las cifras también reflejan que de los 265.113 estudiantes que rindieron el examen el 2018, solo 159.132 de ellos lograron ingresar a la educación superior dejando fuera a casi la mitad.
En pocas palabras, la PSU es parte de todo el negociado que hay en la educación, el que no paga un colegio privado o un preuniversitario (que lo venden como refuerzo de los contenidos y preparación de la prueba) tiene menos posibilidades que el que sí lo hizo. Es decir, en pleno 2020, el acceso a la universidad y a la educación en su conjunto sigue siendo un privilegio de clase.
Es por eso que el movimiento estudiantil chileno ha puesto entre sus reivindicaciones terminar con este sistema de selección que está muy lejos de medir las capacidades de quien rinde la prueba y que solo beneficia a unos pocos dejando a la mayoría sin poder acceder a la educación superior, siendo así funcional al sistema educativo de mercado garantizado por el estado chileno y los distintos gobiernos y que solo llena los bolsillos de los empresarios que lucran con este derecho fundamental.
El triunfo de las demandas históricas del movimiento estudiantil es un triunfo para todo el pueblo trabajador chileno, es por eso que debemos luchar por la abolición de la Prueba de Selección Universitaria, porque se terminen el lucro y los negociados y para que de una vez por todas podamos contar con una educación pública, gratuita y de calidad.
