Dos nuevos fallos judiciales, uno en Chile y otro en España, sientan precedentes sobre la relación laboral entre los repartidores y las empresas de aplicación.
Por un lado, el Tribunal Supremo de Justicia español falló a favor del reconocimiento de la relación laboral luego de un proceso de denuncias iniciado en el 2018 por un repartidor de Glovo, seguido por un trabajador de Deliveroo. En estas denuncias quedan expuestas las irregularidades que afectan a más de 15.000 repartidores en España.
En Chile, la sentencia del Juzgado de Letras de la comuna de Concepción establece la relación laboral entre las partes involucradas, intimando a Pedidos Ya a pagar las prestaciones adeudadas a un trabajador despedido injustificadamente. Esto marca un precedente para las otras 30 demandas laborales que se encuentran en curso en los Juzgados de Letras del Trabajo de Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Talca y Concepción, en contra de cinco de las doce aplicaciones que funcionan en el país vecino.
En sus declaraciones, Glovo España dijo que «cree firmemente que esta regulación debe ser promovida en base al diálogo entre todos los actores interesados». Es algo que aún no ocurrió en ninguna parte del mundo, y se contrapone con los numerosos intentos por parte de los trabajadores de reparto para abrir un espacio de discusión donde se pongan sobre la mesa sus necesidades y condiciones laborales, por un lado, y las responsabilidades y obligaciones patronales, por el otro.
Los fallos contrarían la política de colocar al trabajador en la figura de «autónomo», que no es más que el intento de encubrir una relación laboral tácita y sumamente precaria con la finalidad de maximizar ganancias a costa de los derechos laborales, y dividir al colectivo de trabajadores. No gozan de salario ni aumentos paritarios, ni vacaciones o licencias por enfermedad o maternidad pagas, ni francos, ART o seguros, entre otros derechos negados. Con el discurso de «sé tu propio jefe», las empresas se desligan incluso de garantizar la indumentaria y herramientas de trabajo, que corren por cuenta de cada repartidor. Un estudio realizado en España muestra un «ahorro» de 170 millones de euros a partir de la negación de estos derechos. (Magnet, 26/9).
Los gobiernos permiten la precarización laboral mediante apps, y se escudan de tomar cartas en el asunto responsabilizando a la Justicia. Un ejemplo claro y actual es la respuesta del Ministerio de Trabajo de nuestro país hace unos días, declarándose incompetente para intervenir en los reclamos de los repartidores (Tiempo Argentino, 22/10). La complicidad estatal se traduce en el vacío legal con el que operan las aplicaciones, incluso cuando la justicia intimó a prohibir el funcionamiento de las apps hasta que regularicen requisitos mínimos de seguridad. Sobre las condiciones de trabajo, ni una palabra. Como si fuera poco, los propios repartidores terminan siendo perseguidos, con el bloqueo de cuentas o sufriendo la quita de sus elementos de trabajo por parte de la policía.
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Estos fallos en favor de los trabajadores abren una vía más para hacer escuchar nuestros reclamos. En definitiva, lo que pedimos no es más que se cumplan los derechos que nos corresponden como trabajadores. La tarea es hacer crecer la organización. Agotemos las instancias judiciales que sean necesarias, pero sobre todo sigamos ganando las calles para presionar a los Estados y las empresas al reconocimiento laboral, la regulación de la actividad y un convenio colectivo de trabajo.
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