El levantamiento chileno cumplió este viernes su primera semana con más de un millón de personas movilizadas en Santiago. Sebastián Piñera ha pedido la renuncia a su gabinete de ministros, pero él mismo está en el centro de las imputaciones de los manifestantes. Para sostenerse en el poder, el mandatario ha apelado a una represión criminal. Pero se ha valido también de la complicidad de la oposición patronal, una parte de la cual nutrió su farsesca mesa de diálogo y otra parte de la cual no asistió pero tampoco reclama su salida del poder.
La rebelión chilena ha puesto en evidencia el verdadero rostro del régimen heredado del pinochetismo, que alternó en el poder a la derecha y a la Concertación, presentado como “modelo” por economistas y politólogos en todo el mundo. Y obligó al gobierno a reposicionarse, retrayendo los aumentos del transporte y anunciando un aumento mínimo en jubilaciones y salarios y la creación de un seguro de salud para enfermedades catastróficas (las más graves y costosas económicamente). La pareja del primer mandatario, Cecilia Morel, se hizo célebre con su homologación de la revuelta a una “invasión alienígena” y su reflexión de “compartir nuestros privilegios” para no perderlo todo. Algunos empresarios, sintomáticamente, han salido a anunciar aumentos salariales en sus compañías.
Para explicar la crisis, algunos medios liberales han enfocado la rebelión como un resultado paradójico del éxito del propio modelo. “El mayor nivel de vida de Chile y la aspiración de unirse al mundo desarrollado han creado mayores expectativas; el país ahora quiere medirse con sus pares de la OCDE en lugar de los latinoamericanos”, editorializó el Financial Times (reproducido por El Cronista, 23/10). En los diarios abundan los análisis en este sentido. “La clase media chilena vio la tierra prometida y quiere entrar”, dice un artículo de opinión de La Nación (23/10). A lo sumo, esta clase de análisis reconocen como una falla la enorme desigualdad en el país y llaman a un “modelo de crecimiento más inclusivo” (FT) para atenuar la conflictividad social.
¿Pero es así? ¿Estamos ante una especie de rebelión de la abundancia?
El “milagro” chileno, precedido por un proceso de reformas ajustadoras emprendidas a sangre y fuego por el pinochetismo (reforma laboral que conculcó derechos, reformas privatistas en educación, salud y pensiones), se asentó en una superexplotación del trabajo. El aumento en la productividad fue muy superior al de los salarios, engrosando los bolsillos de los capitalistas.
Todo esto contribuyó a una brutal polarización social. Mientras la mitad de la población se reparte el 2,1% de los ingresos, el 1% más rico concentra el 26,5% de los mismos (Clarín, 23/10). Comparativamente, “el 5% de ingresos más bajos en Chile está al mismo nivel que su equivalente en Mongolia y en Moldavia, mientras que el 2% de ingresos más altos tiene el mismo nivel que Alemania” (ídem, 24/10).
El régimen aprovechó también, sobre todo en el período que va de 2003 a 2013, el aumento del precio de las materias primas en el mercado internacional para obtener mayores ingresos por las exportaciones de cobre, que explican la mitad del total. A caballo de este proceso hubo una caída en los indicadores de pobreza. Ese boom, cebado por el crecimiento chino, comenzó su eclipse en 2013. Chile es una economía altamente dependiente de las oscilaciones de los precios de los minerales y de la inversión extranjera, lo que muestra también la fragilidad de las bases del “modelo”.
¿Qué ha dejado socialmente el “milagro” chileno?
En materia previsional, el sistema de capitalización impuesto en 1982 por el pinochetismo (las Administradoras de Fondos de Pensión) ha llevado a que los jubilados reciban apenas un tercio del ingreso promedio de su vida laboral. La pensión promedio es de apenas 200 dólares. En 2016 se produjeron movilizaciones de cientos de miles por este motivo.
Por su parte, el salario mínimo se ubica en 423 dólares (en nuestro país está en 250-300), en tanto que “la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$ 562) (BBC, 21/10). Estas cifras aumentarían ligeramente a la luz de los anuncios del gobierno como respuesta a la rebelión. En cualquier caso, se trata de sueldos modestos (en la precarizada Portugal es de aproximadamente 700 euros) en un país donde el costo de vida es muy alto.
La educación universitaria se encuentra arancelada. Al calor de la inviabilidad del modelo de endeudamiento (con altísimas tasas de interés), de un lado, y de la lucha estudiantil, del otro, se han ido produciendo algunos cambios, como la exención del pago para la educación universitaria en el caso de los sectores más empobrecidos.
En cuanto a la salud, el 80% de la población está englobada en un sistema público (el Fonasa) desguazado, con largas listas de espera y falta de hospitales y especialistas; mientras que en el régimen privado (Isapre, instituciones de salud previsional) abundan las quejas por los altos costos, “la baja cobertura, las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud” (BBC, 21/10).
La población se ve obligada así a endeudarse. Actualmente un 26% de los chilenos tiene deudas vencidas, mayormente para hacer frente a deudas de educación o salud (El Economista, 15/7).
Si a esto añadimos el mal funcionamiento del sistema de transporte en Santiago (el fracaso del Transantiago obliga a largas esperas para tomar un colectivo), podremos entender que la rebelión de la juventud, las capas medias y los trabajadores responde a necesidades fundamentales que el “milagro” no satisface. Por todo esto, se popularizó en la revuelta la consigna “no es por 30 pesos [monto de la suba del subte que detonó las protestas], es por 30 años”.
En suma, la rebelión en Chile, precedida y preparada por los grandes procesos de lucha que han tenido lugar en el país, constituye una respuesta de las masas ante la precarización de sus condiciones de vida, y se integra en este sentido al pelotón de rebeliones populares que ha desatado la crisis capitalista (Ecuador, Haití, Puerto Rico, etc.).
El supuesto “milagro” chileno es inescindible de la superexplotación de sus trabajadores. Que es todo el régimen el que está en la mira ya lo había anticipado el ex presidente Ricardo Lagos, quien ya en 2016 había reconocido en una entrevista: “estamos todos cuestionados”.
