A poco más de dos meses de gestión muy atrás quedaron varias de las promesas centrales con las que Gabriel Boric llega a La Moneda. Ya a ésta altura a nadie sorprende tampoco. En las últimas horas, la voltereta que es noticia es que el gobierno vuelve a imponer el estado de excepción en las provincias sureñas del Bio Bio y la Araucanía, zona que abarca el territorio reclamado por el pueblo mapuche tras desde las apropiaciones ilegítimas históricamente avaladas por el estado chileno.
No parece, pero fue hace realmente muy poco tiempo que se presentó el nombramiento de Izkia Siches al frente del ministerio del interior como algo histórico y progresivo: una mujer joven que venía a encabezar una política dialoguista que buscaba poner fin al denominado “conflicto mapuche” y a reformar carabineros. Sin embargo, prontamente se convirtió en la cara de la política de continuidad de la represión avalando a las fuerzas represivas sin más y desplegándolas contra estudiantes, trabajadorxs y el pueblo mapuche.
¿Cambio de rumbo?
La decisión de decretar estado de excepción no significa un giro en la política del gobierno. El 12 de abril la ministra Siches anunció el reforzamiento de los recursos de carabineros desplegados en la zona: 34 camionetas blindadas, 1.000 millones de pesos destinados a la compra de drones y un nuevo sistema de inteligencia para “combatir al terrorismo”. De todas formas ello no fue considerado suficiente por el gremio patronal de camioneros y el gobierno decidió impulsar era un estado de excepción “intermedio”, o sea, el despliegue de milicos pero en determinadas zonas, lo que fue incluso apoyado por un sector de la derecha.
A no confundirse, las rencillas dentro de la coalición gobernante no dan cuenta de diferencias de fondo, ya que el estado de excepción durante el gobierno de Piñera se renovó en varias oportunidades en el congreso con los votos de legisladores del FA y el PC. Y en las provincias del norte del país este gobierno ha mantenido, sin protestas de los partidos oficialistas, el despliegue militar frente a la crisis humanitaria derivada del ingreso de miles de migrantes que llegan al país buscando mejor suerte. Las diferencias internas en todo caso resultan del descrédito creciente del gobierno que frente a los reclamos populares solo ha descargado palos y gases.
Ante a un gobierno que prontamente se mostró como un enemigo acérrimo del pueblo trabajador, nos cabe llevar adelante los esfuerzos para organizar la lucha para enfrentarlo, por nuestras demandas, por la libertad de nuestrxs compañerxs presxs políticxs, por la desmilitarización del Wallmapu y el norte del país, por justicia por Francisca y todas las víctimas del estado represor.
