La reforma tributaria ha sido presentada una y otra vez por el gobierno chileno como la condición para avanzar en materia de derechos sociales contemplados en su programa político. Su lanzamiento es parte de una tentativa oficial por revertir el rápido desplome de la imagen del presidente Gabriel Boric desde que asumió en el poder, como fruto de la crisis económica y, sobre todo, de la completa falta de respuestas a las necesidades de las masas.
Con un hombre confiable para la burguesía a la cabeza, como lo es el ministro Mario Marcel, el gobierno ha venido negociando la nueva reforma con los distintos sectores del empresariado. Los denominados “diálogos ciudadanos” en torno a la misma son una puesta en escena ya que las conversaciones determinantes son las que se llevan a cabo con las cámaras empresariales del comercio y la industria. Eso refleja el concepto de “pacto fiscal” y explica que los anuncios no hayan generado grandes expresiones de rechazo por lxs capitalistas.
Derechos
Si bien se presentó al proyecto como una reforma en términos progresivos porque sólo afectaría al 3% de mayores ingresos, lo cierto es que la estructura tributaria regresiva del país no varía sustancialmente ya que seguirá siendo el IVA, que grava en mayor proporción a las y los trabajadores, el impuesto estrella en términos de volumen de recaudación.
Los puntos más relevantes de la reforma son: una reformulación al impuesto a la renta personal que se contempla sea a partir de ingresos de 4 millones; cambios de impuestos a las utilidades de las empresas; impuesto al patrimonio o a la riqueza; un royalty minero; medidas para evitar la elusión y evasión y una serie de impuestos “verdes” que serán presentados en un proyecto que se enviará a fin de año al Congreso. De ellos, los que se proyecta reportarán mayores porcentajes de recaudación son el impuesto a la renta personal y las medidas que buscan evitar las maniobras de evasión. El impuesto al patrimonio de los ricos sólo busca recaudar 0,5% del PBI, esto es apenas 1.600 millones de dólares y el royalty minero tan agitado durante la campaña, tendrá un alcance ultra limitado: grava la producción mayor a las 50.000 toneladas anuales y al tener un carácter híbrido, esto es una tasa sobre las ventas y otra sobre las utilidades, no modifica las condiciones que garantizan el saqueo ya que la tasa creciente sobre las utilidades puede ser fácilmente evadida con maniobras contables como es sabido.
De paso el gobierno coló en el paquete de reformas subsidios a las patronales, bajo el argumento de siempre de “incentivar la inversión”. Así se contempla una reducción del 27% al 25% vigente para la primera categoría, por lo que las empresas podrán destinar ese porcentaje para inversiones para incrementar la productividad. También el nuevo diseño tributario incluye un fortalecimiento de la ley de incentivos a la inversión privada, triplicando el monto máximo de crédito tributario entregado y flexibilizando los requisitos para acogerse (Diario Financiero, 1/7).
La reforma presentada tiene previsto -en teoría- recaudar entre 12 y 13 mil millones de dólares, lo que representa el 4,1% del PBI en términos netos para el 2026. En principio cabe señalar que estamos frente a una reducción del 50% del objetivo planteado originariamente en el programa de Apruebo Dignidad de primera vuelta en la carrera presidencial. En palabras de Marcel, con la reforma se podrá financiar el 50% del programa de reformas sociales del gobierno -sin aclarar con qué se financiará la otra mitad. De todas maneras, la tímida reforma aún deberá pasar el filtro del Congreso donde la coalición gobernante no tiene mayoría propia y los votos de la derecha son determinantes, por lo que debe esperarse un recorte mayor a sus limitados objetivos de recaudación. En ese sentido, el ministro Marcel ya se mostró flexible a modificar el pequeño royalty contemplado en la reforma ante el jefe para América latina de Morgan Stanley, Gary Newman, en el marco de la gira por Nueva York. (sitio del diario La Tercera). Así derechos como el acceso a la salud, educación, vivienda y pensiones que alcancen para vivir, seguirán sin estar garantizados. En cambio, bonistas y acreedores de la deuda pública siguen siendo favorecidos a costa del pueblo chileno.
El gobierno de Boric no aspira a satisfacer los reclamos de la rebelión de 2019 sino a contemporizar con el gran capital, limitándose a cambios cosméticos.
El recrudecimiento de la crisis
Al escenario políticamente adverso al gobierno, con una campaña por el “apruebo” en el plebiscito constituyente que deberá revertir la ventaja que lleva el “rechazo” según las encuestas, hay que sumarle el agravamiento de la crisis económica marcado por la inflación, la depreciación de la moneda nacional frente al dólar y la caída del precio del cobre producto de la crisis mundial. La respuesta en estos meses ha sido la ortodoxa: el aumento de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Sin embargo la inflación sigue en ascenso y el peso marcó su mayor depreciación en 13 años con una caída de casi 4% frente al dólar lo que obligó al Central a intervenir en el mercado cambiario mediante la venta de la moneda estadounidense para contener la disparada.
Este cuadro ha tornado más penosa la situación de las y los trabajadores que dependen de ingresos fijos para afrontar las necesidades. El anuncio de un bono de invierno de 120 mil pesos fue la respuesta tardía e insuficiente del gobierno de Boric. Esta módica suma será abonada por única vez. Indiferente a la grave situación de miles de chilenxs, pero urgido por una eventual derrota en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, el gobierno larga este miserable bono y en simultáneo acentúa sus políticas represivas como lo demuestra lo ocurrido con la ley de infraestructura crítica en el Congreso, más allá de las quejas y abstención de parlamentarixs oficialistas.
La crisis económica y sus réplicas en el plano político, requieren un proceso de deliberación y organización aún pendiente en la clase trabajadora, que nos permita intervenir en este escenario poniendo en agenda nuestras demandas. Necesitamos un plan de lucha para enfrentar la cocina de los partidos del régimen; por una salida propia y que no sigamos pagando los costos de la crisis. Frente a la reforma acordada con lxs capitalistas opongamos, con el horizonte de una nacionalización de recursos estratégicos como el cobre y el litio, impuestos progresivos a la minería que partan de un verdadero royalty de al menos un 30% y suba conforme su cotización en el mercado internacional. La eliminación del IVA de alimentos y productos esenciales, un verdadero impuesto a lxs más ricos y a las utilidades de los grandes grupos económicos que tributan sumas irrisorias en relación a sus ganancias (cuando no son beneficiados por exenciones y perdonazos), para lo cual se requiere la apertura de los libros contables de la empresas para que tributen en relación a sus reales ganancias.
