En abril Boric anunció, con bombos y platillos, la “Estrategia Nacional del Litio”, que bajo el eufemismo de alianza público/privada, le dará un marco jurídico al saqueo que vienen realizando desde los 90 empresas como SQM y Albemarle y con la posibilidad de que se incorporen transnacionales, garantizando su enriquecimiento y la destrucción de ecosistemas únicos, como lo son los salares. En palabras de Boric “Esta acción público-privada, articulada por la Empresa Nacional del Litio, permitirá aumentar la producción nacional, atrayendo a nuevos actores y expandiendo la industria a través de iniciativas conjuntas…” Es decir, estamos muy lejos de una nacionalización como fue interesadamente tratada por los sectores oficialistas y la prensa nacional e internacional. Más bien estamos frente a la ratificación de una política de desnacionalización de los recursos estratégicos a favor de los capitales nacionales e internacionales – el cobre es el caso insignia- que se hereda de la dictadura y que se perfeccionó en democracia.
Es que Chile ocupa el primer lugar de los países con mayores reservas de litio en el mundo y el 2020 se posicionó como el segundo productor de litio con 18,000 toneladas.
El litio es un metal blando que se utiliza en celulares, computadoras y hasta en autos eléctricos. Lo podemos encontrar en múltiples baterías, hasta en bicicletas, pasando por algunos medicamentos, y es clave en la producción de automóviles electrónicos (mercado creciente y que promete colapsar la industria en un futuro próximo), es por esto que el litio se ha convertido en uno de los minerales más codiciados en el planeta.
Para tomar algunos datos del Consejo Fiscal Autónomo: “Entre 2015 y 2022, el precio del litio se multiplicó por cuatro y los volúmenes exportados por Chile más que se duplicaron. Como resultado, las exportaciones de carbonato de litio según cifras del Banco Central de Chile (BCCh), pasaron de aproximadamente US$250 millones anuales a mediados de la década pasada (0,1% del PIB) a US$7.763 millones en 2022 (2,5% del PIB)” (https://cms.hacienda.cl/cfa/assets/documento/descargar/12c7ef73bbd36/1675342748)
Acelerar el saqueo
La propuesta del ejecutivo contempla intensificar la extracción de litio mediante una asociación público-privada que busca acelerar el proceso. Esta iniciativa incluye la creación de la Empresa Nacional del Litio -que luego el propio Marcel se encargó de aclarar que tampoco era indispensable- y la renegociación anticipada del contrato con SQM, principal productor de litio en Chile, cuyo vencimiento está previsto para 2030. Además, se plantea establecer una red de salares protegidos y desarrollar el Instituto Tecnológico de Investigación Público-Privado, junto con la exploración de otros yacimientos de litio.
Es importante recordar que el gobierno anterior, de la ex Nueva Mayoría, negoció con Soquimich la explotación del mineral hasta 2030, justo en medio de uno de los casos más notorios de financiamiento político ilegal. En ese momento, el gobierno de Bachelet resolvió el conflicto mediante una modificación del contrato, evitando una licitación abierta que habría permitido la participación de otras empresas.
La estrategia actual del gobierno se diferenciaría en el papel que desempeña el Estado, a través de la creación de una empresa nacional del litio que, reiteramos, ya fue relativizada por el ministro de hacienda, con el objetivo de participar directamente en el proceso productivo. Sin embargo, esta medida también plantea el riesgo de un mayor saqueo de los salares por parte de grandes empresas transnacionales. De esta manera, el gobierno de Gabriel Boric ha decidido continuar con la explotación de los salares bajo una nueva estrategia en la que el Estado se asocia con las multinacionales y SQM.
Algunos argumentan de manera limitada que la participación del Estado garantizará mayores ingresos para el gobierno, lo que podría ayudar a cubrir la falta de recursos destinados a los derechos sociales. Sin embargo, es importante destacar que la estrategia nacional del litio no implica una nacionalización, sino una asociación público-privada con participación estatal en la extracción y explotación del mineral.
Por una estrategia donde los recursos estratégicos estén al servicio de los intereses del pueblo trabajador
Es importante impulsar una propuesta que supere los enfoques actuales. Abramos el debate sobre una minería del litio que tenga en cuenta los intereses de los trabajadores. Para lograr esto, es necesario considerar tres condiciones indispensables: la estatización de los yacimientos bajo el control de los trabajadores, una producción integrada en un plan nacional de industrialización y el derecho de las comunidades a tener poder de veto en asuntos ambientales.
La estatización por sí sola no es suficiente para asegurar una minería que beneficie a los trabajadores de todo el país y que sea ambientalmente sostenible. Para lograrlo, se requiere la formación de una poderosa organización obrera que ponga fin al saqueo del litio y expulse a los políticos capitalistas.
Es fundamental señalar la clase social responsable y los intereses que guían a quienes gobiernan y han gobernado el país. Esto es esencial, ya que los problemas derivados de la megaminería del litio, como la depredación ambiental y la acumulación de riqueza, no se resuelven simplemente con una lista de medidas, sino a través de la confrontación de intereses sociales antagónicos y la lucha por un gobierno de los trabajadores.
Es crucial diferenciarse de las intervenciones estatales de carácter capitalista para evitar que la izquierda quede asociada al fracaso de esas experiencias nacionalistas.
