El país asiste a un espectáculo digno de una trama mafiosa. No le falta ningún condimento: personalidades encumbradas del mundo empresarial, político, judicial, policial comprometidas; sumas multimillonarias; intrigas; fiestas, sexo y drogas por supuesto. Luis Hermosilla, el abogado regalón de las más altas esferas del poder en las últimas dos décadas al menos, ha caído en desgracia y no por acción de la justicia, sino por una pasada de cuentas entre aliados circunstanciales en negociados turbios. A partir de allí, se corre el velo de una red que funciona en las sombras donde los 3 poderes del estado, el empresariado y delincuentes del crimen organizado, articulados por Hermosilla, trafican influencias, dineros, información y favores.
Estamos frente a un operador paraestatal cuyo capital radica en sus aceitados vínculos políticos con todos los sectores. Ligado en su juventud al PC, luego se pasa de vereda y construye su poderío ligado a la UDI de la mano de Andrés Chadwick, primo de Piñera que se desempeñó como vocero y ministro del interior en sus dos gobiernos. Sin embargo, sus estrechas relaciones con las altas esferas del poder político no se agotan en la derecha y quienes hablan de transversalidad no se equivocan: estamos frente al abogado contratado por Miguel Crispi, el jefe de asesores de Boric, para que lo defienda frente a la acusación constitucional del parlamento en su contra.
La justicia en el barro
No estamos hablando de un poder con una trayectoria impoluta ni con gran consideración por parte de las mayorías populares, sino más bien todo lo contrario. Según la última encuesta OCDE sobre confianza en instituciones públicas, sólo el 25% de las personas confía en los tribunales y el sistema de justicia. La existencia de una justicia clasista fue constatada por la relatora de la ONU en su reciente visita al país: “…existe una justicia para ricos y otra para pobres… las experiencias de los usuarios dependen de sus medios económicos, clase social y conexiones” . Es decir, organismos internacionales alineados con la burguesía y el imperialismo están alertando sobre la pésima imagen y el consiguiente desapego hacia los órganos que en definitiva deben garantizar los intereses de la clase capitalista y los peligros que ello conlleva.
El primer episodio del “caso Hermosilla” derivó en la salida del jefe de la PDI, Sergio Muñoz, que terminó formalizado y preso tras comprobarse que le filtraba información sobre investigaciones contra sus clientes y principalmente contra el presidente Piñera en la investigación por el manejo oscuro con la compraventa de la minera Dominga. Ello era sólo la punta del iceberg: el teléfono de Hermosilla se convirtió en una prolífica fuente de información que compromete de ministros de la corte suprema y el fiscal nacional para abajo. Y es que el abogado de los poderosos era un pieza clave en la triangulación entre empresarios, poder político y sistema judicial, un engranaje de una maquinaria que opera al servicio de las grandes fortunas del país.
No se trata de una paulatina degradación del poder judicial. Lo que ahora queda a la vista en toda su dimensión es lo que vimos en términos relativamente más acotados hace una década con el “Caso Penta” donde se revela un esquema de financiamiento ilegal de partidos de derecha por parte del grupo empresario que le da nombre al caso, del que luego deriva en el “caso SQM” sobre el financiamiento de la minera propiedad del yerno de Pinochet -Ponce Lerou- a la Nueva Mayoría. De la UDI al PS/PC implicados en la recepción de platas negras del empresariado, que luego obviamente tiene crédito con los gobiernos que financió. El escándalo mayúsculo comprometía a todo el régimen político y desde La Moneda y la oposición se gestó el operativo para que luego la justicia cierre el caso con clases de ética a un par de empresarios y ningún político respondiera por ello. Hoy se sabe que Hermosilla también intervino en la gestión de esa crisis política tras conocerse conversaciones que mantuvo con el fiscal del caso -Manuel Guerra- donde se lo nombra a Chadwick nuevamente como el armador de la estrategia para lograr la impunidad.
Es decir, estamos ante la misma matriz de poder re podrida que articula sus mecanismos por fuera de la ley para salvaguardar sus intereses y minimizar las consecuencias de sus actos para lo cual jueces y fiscales cumplen un rol importante desviando las investigaciones para que todo sea coronado por un manto de impunidad y la historia de abusos siga. La justicia, como uno de los poderes del estado capitalista, tiene una función y es garantizar la explotación de la clase trabajadora por parte de un puñado de capitalistas y a éste fin recibe la asistencia de todo el aparato represivo. Ello es percibido en alguna medida por las mayorías populares según la encuesta “Data Influye” publicada por éstos días donde un 83% de los chilenos considera que no hay igualdad ante la ley, un 82% cree que la situación socioeconómica de las personas es determinante ante la administración de la justicia y cuando se consulta sobre grupos perjudicados, las personas sin educación son las más afectadas para el 94%, mientras que los más beneficiados son autoridades gubernamentales, parlamentarios y otros, con un 96%. Contundente y sustancial apreciación popular.
La verdadera inseguridad
Cuando en el ya célebre audio que destapó la olla Hermosilla dice “acá está metido medio Chile” para dar cuenta de la vasta red actores políticos, judiciales, policiales y empresariales implicados en todo tipo de delito, en realidad no es así: está metida toda la burguesía que opera a través de sus mandantes en los distintos poderes del estado. La clase capitalista no tiene problemas para violar su propio ordenamiento jurídico, diseñado para garantizar sus intereses, cuando se convierte en un obstáculo para sus negocios. El crimen organizado es reflejo de ello ya que estamos hablando de un sistema político completamente inficionado por los mayores delincuentes del país porque, en definitiva, el narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas, son negocios capitalistas mediante los cuales se intenta recomponer la tasa de ganancia de la burguesía mundial afectada por las crisis propias del sistema capitalista. Lo que requiere, a su vez, una estructura financiera capaz de blanquear los capitales que generan éstas mafias.
Entonces el crimen organizado está estrechamente vinculado con el estado capitalista y, por lo tanto, no se puede pretender que lo combata. Las fuerzas policiales y militares, la justicia y el poder político son parte sustancial de la maquinaria que necesita la mafia organizada para operar con la impunidad con que lo hace.
La función que cumple la corrupción
La democracia capitalista funciona a partir de un esquema de corrupción legalizada disfrazada de garantías para el funcionamiento de sus instituciones: dietas de políticos exorbitantes, jubilaciones de privilegio, gastos de representación, partidas reservadas, entrelazamiento de personal político con directorios en corporaciones y un largo etcétera. Se trata de métodos indirectos de control que le sirven a la burguesía para separar en las apariencias la propiedad de los medios de producción de las funciones de gobierno y así ocultar la dictadura del capital bajo el ropaje de la república democrática.
Es importante que cuando hablamos de corrupción pongamos el foco en la clase capitalista que es la que con sus millones lubrica los engranajes de la maquinaria corrupta que le permite seguir con sus negociados al margen de la ley. Porque ellos como corruptores operan para mantenerse en la oscuridad y que miremos a los corrompidos solamente. La corrupción es un subproducto del sistema capitalista que responde a la lucha encarnizada de la burguesía para maximizar sus beneficios. La multiplicidad de capitales da lugar a una disputa encarnizada constante entre capitalistas por mantener o aumentar su rentabilidad y ganar en la competencia. En ésa pelea los mecanismos no son solo económicos, están los extraeconómicos como la corrupción. Entonces estamos frente a un instrumento que de no usarse puede significar quedarse fuera de juego. La corrupción es inherente al sistema capitalista, tanto que si no existiera se apelarían a mecanismos más despiadados de explotación de la clase obrera. Porque muchas veces los mecanismos coercitivos, como el uso de la fuerza, son insuficientes para disciplinar a las y los trabajadores para aumentar la tasa de explotación.
Control obrero como anticuerpo
La podredumbre que expone el “caso Hermosilla” no puede subsanarse con las típicas recetas institucionalistas. Los controles institucionales cruzados que proponen algunos personeros son inocuos toda vez que todo el sistema está descompuesto, no se salva ningún organismo. ¿El poder legislativo tantas veces sobornado va a controlar a la justicia? ¿La justicia con sus jueces y fiscales puestos a dedo por el poder político y coludido con el crimen organizado va a controlar a quienes los designaron en sus puestos? ¿Las fuerzas represivas coludidas con el crimen organizado van a controlar a quién? Basta con mirar como jueces de la corte suprema para abajo, fiscales empezando por el propio fiscal nacional, parlamentarios de oficialismo y oposición, ministros, subsecretarios, gobernadores, alcaldes, concejales, etc están nerviosos frente al anuncio de la defensa de Hermosilla de que va a proceder a publicar todas las conversaciones contenidas en su celular secuestrado por la justicia. No se salva nadie, están todxs con la mierda hasta el cuello.
Las instituciones del estado capitalista no pueden brindar ninguna garantía. No habrá justicia mientras los medios de producción y el aparato del estado sigan en manos de los capitalistas. Como transición debemos exigir que todo esté sometido al escrutinio de los trabajadores: que se abran los libros contables de todas las empresas, de los bancos que lavan activos, eliminación del secreto bancario. Elección popular de jueces y fiscales. Solo un gobierno de las y los trabajadores va a terminar con la descomposición propia de éste régimen de explotación.
07/09/24
