LOS MANOTAZOS DE AHOGADO DE UN GOBIERNO DEBILITADO
En las últimas semanas el gobierno estuvo dedicado a “dar señales” a la burguesía y a sus mandantes políticos de la oposición derechista para destrabar las negociaciones en torno al pacto fiscal y la reforma de pensiones. Las derrotas electorales del oficialismo envalentonaron a la derecha que no está dispuesta a negociar nada y el escándalo de las fundaciones sólo vino a reforzar esta posición frente a un gobierno hundido en el desprestigio ante los ojos de las mayorías populares.
De la reforma tributaria al pacto fiscal
El primer hito en éste derrotero fue la presentación del denominado “pacto fiscal” que, a rigor de verdad no es más que una propuesta de pacto que realizó el gobierno al empresariado, luego de una ronda de reuniones con las cámaras empresariales, que recoge todos los reclamos que éstos hicieron. Basta con tomar la definición que dan desde la página oficial donde explican que “El pacto fiscal propuesto por el Gobierno es un conjunto de medidas que incluyen la modernización del Estado para fortalecer la transparencia del gasto público y una agenda para promover la inversión, productividad y el crecimiento. En total, son 20 medidas de reforma del Estado y 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento y proyectos de ley tributarios, uno sobre el combate a la evasión y elusión y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media” ( https://www.gob.cl/noticias/presidente-da-a-conocer-pacto-fiscal-para-el-desarrollo-y-el-bienestar-de-chile/ ) Queda a la vista que ya nada queda de la timorata reforma tributaria con la que se iba a financiar derechos sociales según el relato oficial y estamos más bien ante un paquete de reformas para subsidiar a la burguesía. El aumento de la PGU, el sistema de cuidados, etc quedarán sujetos a las migajas que sobren de las medidas anti evasión en el caso de que se logre aprobar, lo que por lo pronto no aparece como cierto en el horizonte político inmediato pese a que el gobierno se allanó por completo a las pretensiones del empresariado.
Reestructuración ministerial
La crisis política que generó el conocimiento público del aceitado mecanismo de desfalco a las arcas del estado a través de fundaciones de personeros políticos oficialistas no paró de crecer y las renuncias de funcionarios de segunda y tercera línea no fueron suficientes para contenerla. La oposición, carente de autoridad moral en la materia, aprovechó para condicionar la agenda legislativa a la salida del ahora ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en su condición de referente máximo de Revolución Democrática el partido sindicado como el organizador del esquema de corruptela. El gobierno lo sostuvo todo lo que pudo por tratarse, junto a Boric y Vallejos, del núcleo fundante del proyecto político FA pero ésta vez la acusación constitucional en su contra contaba, prima facie, con los votos necesarios para progresar y destituirlo. Finalmente Jackson renuncia y, de todas maneras, no logró con ello allanar las negociaciones.
El gobierno procede entonces a un cambio de gabinete, el tercero desde que asumió, como última carta para acordar márgenes de gobernabilidad con la derecha para los más de dos años que restan de mandato. Los cambios abarcan ministerios y subsecretarías y lo primero que queda en evidencia es un desplazamiento a la marginalidad de RD que sólo se queda al frente del Ministerio de Bienes Nacionales con Marcela Sandoval. A nivel ministerial en Desarrollo Social la vacancia que deja Jackson días antes la cubre por Javiera Toro (Comunes); en Educación Marco Antonio Ávila (RD) sale y en su lugar entra Nicolás Cataldo (PC); en Minería Marcela Hernando (PR) es reemplazada por la bacheletista y lobbista de grandes grupos económicos, Aurora Williams (PR); y en Cultura Jaime de Aguirre (cercano a la ex concertación) sale y en su lugar ingresa Carolina Arredondo (independiente). Los ajustes del gabinete buscan también sortear fricciones hacia dentro de la propia coalición, más allá de que fueron presentados por el presidente Boric como una ofrenda a la oposición que, hasta el momento, accedió a una reunión en la que no hubo nada más que pasadas de cuenta pero ningún avance concreto en materia fiscal y previsional.
Ante las disputas de los partidos patronales, vamos por nuestras demandas.
La debilidad del gobierno es notoria y la derecha va a aprovechar para sacar todo el provecho posible ante éste desplome, pero tengamos en claro que no pretende su caída ni mucho menos. Al fin y al cabo, espera que lleve a cabo el trabajo sucio y se prepara para su relevo en el próximo período. Mientras asistimos al dantesco espectáculo de nuestros “representantes”, las y los trabajadores soportamos el alza en los alimentos y el transporte, la imposibilidad de acceder a una vivienda, la precariedad laboral, las listas de espera en la salud pública, el desmantelamiento de la educación que tiene como principales víctimas a docentes y estudiantes.
El agudizamiento de la crisis y, sobre todo, la percepción generalizada que de éste gobierno ya no se puede esperar nada ha sido el catalizador de luchas que en los últimos meses han protagonizado distintos sectores de la clase trabajadora. Tenemos a los docentes que vienen con paros escalonados pese a las maniobras de la burocracia que dirige el colegio de profesores; a las tías de la Fundación Integra por equiparación de salarios para tareas iguales o equiparables entre otros reclamos; a las y los trabajadores de la atención primaria de la salud nucleados en la Confusam por la reglamentación de la ley de alivio que reporta estabilidad laboral y mejores condiciones laborales para miles de trabajadores de éste sector; pobladoras y pobladores que luchan por el derecho a la vivienda que se encuentran en un plan de lucha con cortes y movilizaciones; y también las y los secundarios con evasiones masivas frente al aumento del pasaje. En todos los casos, son reclamos dirigidos al gobierno por lo que se plantea la necesidad de sortear la división y avanzar en un plan de lucha conjunto por las grandes demandas que el pueblo chileno levantó en la rebelión del 2019, que siguen sin respuesta a casi 3 años de ésa monumental gesta popular.
La mugre de la democracia capitalista quedó al desnudo en los últimos días a raíz de los casos de corrupción que salpican a todos los sectores que tributan al régimen económico y social que nos explota y nos impone sacar conclusiones políticas de fondo. No existe posibilidad alguna de emancipación dentro de los márgenes de éste sistema por lo que tenemos la tarea de construir las herramientas políticas para que con independencia política podamos avanzar en la conquista de los derechos históricamente negados y poner en pie un gobierno de la clase trabajadora. A 50 años del golpe cívico militar, vamos por éstos desafíos históricos.
Publicada el 24/08/23
