En noviembre de 2022, el gobierno de Gabriel Boric presentó una reforma al sistema previsional chileno con promesas de “mejorar las pensiones actuales y futuras”, “valorar el esfuerzo de los trabajadores”, y “construir un sistema mixto que dejara atrás el modelo extremo de capitalización individual”. Sin embargo, ése programa vago y limitado quedó atrás frente al paquete de indicaciones presentado recientemente donde se plasman reformas que van en la orientación opuesta: se fortalece a las AFP, profundiza el parasitismo capitalista y carga los costos al bolsillo de las y los trabajadores.
La propuesta del gobierno contempla un aumento del 7% en el aporte previsional de los empleadores (hasta ahora es sólo el 1,5% para el seguro de invalidez y sobrevivencia -SIS), pero de este porcentaje, un 4,5% irá directamente a las cuentas individuales administradas por las AFP. Esto representa un cambio muy alejado de las expectativas iniciales y desnuda una mentira más del gobierno que, bajo un discurso “progresista”, refuerza el modelo neoliberal heredado de la dictadura.
Según Marco Kremerman, investigador de la Fundación Sol: “Aquí el negocio para la AFP en el corto plazo aumenta … pasa de administrar de un 10% a un 14,5%, de hecho, se va más allá de lo que el Gobierno del presidente (Sebastián) Piñera proponía después del estallido, que era 3 y 3”.
Desde su creación, el sistema de capitalización individual ha sido una herramienta para trasladar la riqueza generada por el trabajo hacia las arcas del mercado financiero. Este sistema no fue diseñado para entregar buenas pensiones, sino para asegurar que los grandes grupos económicos dispongan de «plata fresca» para financiar sus inversiones. Con los salarios de los trabajadores, las AFP garantizan las ganancias de los empresarios con financiamiento a bajo costo con los aportes de sus empleados además de la explotación, bajos sueldos y precarización.
El reciente acuerdo entre el gobierno de Boric y Chile Vamos no solo mantiene el sistema previsional de la dictadura, sino que lo perfecciona. Esto lo confirmó incluso Juan Sutil, ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, quien declaró que “esta reforma valida y perfecciona el sistema de AFP”. A confesión de parte, relevo de prueba.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo, la ministra Jara –miembro del Partido Comunista– y el ministro Mario Marcel defienden la reforma como un “cambio inédito en la estructura de la industria”. Sin embargo, aumentar los recursos administrados por las AFP bajo el pretexto de mayor competencia en el sector previsional no puede considerarse un avance hacia un sistema de seguridad social. Esta reforma plantea un chantaje: promesas de un leve aumento en las pensiones, pero a cambio de legitimar y fortalecer un modelo que ha fracasado durante más de cuatro décadas.
Además, las supuestas mejoras vienen con letra chica. Las mujeres, en particular, serán castigadas si se pensionan antes de los 65 años. Por ejemplo, el bono de compensación se reduce drásticamente: si deciden jubilarse a los 60 años, solo recibirán el 5% del bono. La discriminación de género se consolida, y el aumento de la edad de jubilación se normaliza con esta reforma.
Según la Coordinadora No + AFP: “Esta propuesta solo posterga la crisis previsional chilena. Es irresponsable insistir en un sistema que muestra su incapacidad para pagar pensiones suficientes. Las caídas en las rentabilidades, el aumento del empleo informal y los bajos salarios nos tendrán nuevamente debatiendo sobre el tema”.
Las cifras de la reforma
Con la propuesta del Gobierno se aumenta el aporte de las patronales. A ese 1,5% que ya contribuyen para el SIS, la reforma agrega una nueva cotización de los empleadores de 7% de la remuneración imponible. Así, la cotización total del empleador) será de 8,5% y tendrá la siguiente estructura:
- 2,5% al SIS. Estará compuesto del 1,5% que actualmente paga el empleador y 1% proveniente de la nueva cotización del empleador, de 7%. Con esto se financiarán las prestaciones habituales del SIS —invalidez y sobrevivencia— y la nueva compensación a mujeres por mayor expectativa de vida. El SIS pasará a ser parte de un Seguro Social.
- 1,5% al Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida, que también será administrado por el Seguro Social, con el que se financiará el beneficio de 0,1 UF por año cotizado.
- 4,5% a ahorro individual pasa directamente a la cuenta de capitalización individual administrada por las AFP, es decir, fortaleciendo el actual sistema de pensiones.
Queda en claro entonces las razones por las que el capital financiero celebra la reforma. JP Morgan proyecta que podría inyectar más de 3.400 millones de dólares al mercado de capitales, lo que refuerza el rol de las AFP como un engranaje clave del sistema financiero. Mientras tanto, quienes cotizaron durante 35 o 40 años seguirán recibiendo pensiones que representan menos de un tercio de su sueldo, en la gran mayoría de los casos sin llegar siquiera al monto establecido para el salario mínimo.
El pasado lunes 27 de enero el senado aprobó la reforma. De este modo pasa a su tercer trámite en la Cámara de diputados. Con 40 votos a favor y 7 en contra queda claro que es todo el arco político patronal el que propone seguir fortaleciendo el negocio de las AFPs a costa de pensiones de miseria.
Las distintas reformas realizadas en las últimas décadas antes que dar pensiones dignas, que alcancen para vivir luego de una vida de trabajo, han servido para apuntalar al sistema de saqueo de las AFPs. El modelo de privatizado fue rescatado una y otra vez a costa de pensiones miserables para la clase trabajadora. A 45 años de la imposición de ésta estafa no podemos confiar más en las promesas de quienes resguardan en los hechos a las AFPs despreciadas por la enorme mayoría del pueblo trabajador. Tenemos planteada la lucha por el fin de las AFps, la expropiación sin indemnización de todos los recursos de las y los trabajadores que hoy se encuentran en sus manos, por una estatización bajo control obrero. La pensión es el salario diferido del trabajador por lo que debe ser financiada íntegramente con aportes patronales e impuestos al capital. Este programa de reivindicaciones urgentes debe ir acompañado de todo un plan económico y político de las y los trabajadores. Cobra un enorme valor la lucha por un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, por la ruptura con el FMI, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior.
28/01/25