Un operativo para cerrar la protesta popular y salvar al régimen de los 30 años.
A pocas semanas del plebiscito no nos encontramos en un escenario donde operan grandes expectativas y se encuentren movilizados sectores populares en defensa de la propuesta de nueva constitución. Sino más bien lo contrario, hay un hastío y una decepción generalizada con el proceso.
Se verifica apatía en amplios sectores del pueblo trabajador, sobre todo de aquellos que fueron protagonistas de importantes hitos de lucha en las últimas décadas. Y desconfianza y repudio. Por su origen cocinado a espaldas del pueblo; por su carácter amañado donde el quórum de los 2 ⁄ 3 fue el ariete -que quedó en manos del FA/PC/PS- para descartar toda norma que toque los intereses de lxs beneficiarixs del modelo pinochetista y de la “transición” de los 30 años; y finalmente por la constatación de su funcionalidad de rescate de un régimen político amenazado por la rebelión de sus víctimas. No sirvió como una instancia que resuelva las reivindicaciones urgentes de las y los trabajadores. Se trata de un fraude político contra la rebelión popular que se inicia el 18 de octubre del 2019. De un operativo para clausurar el ciclo de protesta contra el régimen.
El texto de la nueva constitución no toca el modelo económico que negó sistemáticamente derechos elementales, sino que lo rescata. El extenso catálogo de derechos tiene un carácter meramente cosmético, es una envoltura fraudulenta de un régimen que busca reconstituírse tras verse en peligro por la rebelión popular. Este “borrador” es, en esencia, la negación de esos derechos porque rescata al régimen político y económico con el cual esos derechos son incompatibles.
El pueblo chileno se levantó con un programa de reclamos en la mano. Millones en las calles reclamamos el acceso universal y gratuito a la educación, la salud, a las pensiones y vivienda y nada de eso se resuelve. Se deja en pie la educación y la salud privadas, las AFP, el saqueo de las mineras y forestales y todo el andamiaje de represión estatal con carabineros y las fuerzas armadas. Protege los negociados y el corazón reaccionario y represivo de la constitución del 80. Con el apruebo, se busca cerrar las perspectivas políticas abiertas con la enorme movilización popular.
La falacia del estado subsidiario
El gobierno y organizaciones afines en campaña por el triunfo de Apruebo plantean que con el artículo 1°1. del borrador de la nueva constitución que reza “Chile es un estado social y democrático de derecho” se pone una lápida al estado subsidiario característico del modelo neoliberal instaurado por la dictadura y perfeccionado por los gobiernos que la sucedieron. Con ello y reconociendo formalmente una larga lista de pseudo “derechos”, estaríamos dejando atrás el legado pinochetista y de la “transición” de estas últimas décadas. Pero no solo se dejan en funcionamiento los resortes que permiten la expoliación de los recursos del país por parte de un puñado de familias y capitales extranjeros; sino que no se conquista ningún derecho real. No se termina con la estafa de las AFP, sino que se salva la apropiación de los aportes de las y los trabajadores por parte del capital financiero recauchutando un régimen en crisis. Tampoco se pone fin al saqueo del cobre y recursos vitales como el agua.
La subsidiariedad del estado chileno es una farsa: ha sido relativizada todos estos años en la medida que la burguesía así lo requirió. Un ejemplo tenemos con lo que ocurre con la recompra del 56,4 % de los créditos con el aval del estado (CAE) por parte del estado a la banca -con un sobreprecio de casi el 25%- lo que importa una suma que asciende a 4,66 billones, es decir, un enorme negociado para los bancos y la educación privada a costa del presupuesto estatal. Otro ejemplo en este sentido lo encontramos en el Plan Auge, a través del cual el estado se hace cargo de la cobertura de algunas prestaciones frente a las deficiencias del sistema privado de salud y sus altos costos para los pacientes. La misma lógica se verifica en el caso de las pensiones, donde el estado con el pilar solidario – ahora pensión garantizada universal- paga pensiones de miseria de quienes, por sus bajos ingresos o informalidad laboral, son descartados por las AFP. Es decir, que el “estado subsidiario” se ha hecho cargo de prestaciones que a los sectores privados no les interesa en la medida que no son rentables. La falacia del estado subsidiario queda completamente al desnudo si consideramos el aspecto represivo, basta con mirar la presencia militar estatal desplegada contra el pueblo mapuche para garantizar los intereses de las forestales y hoy continuadas por la acción del gobierno de Boric. La dicotomía entre estado presente/estado subsidiario no existe, pues no son antagónicos sino complementarios según las necesidades del capital. El estado está siempre presente y al servicio de una clase social: la burguesía.
La conquista de derechos por parte de la clase trabajadora es siempre fruto de la correlación de fuerzas que se da en determinados momentos históricos, no de reformas “cosméticas” en los términos del constitucionalismo burgués. Sobran ejemplos de países con constituciones plagadas de “derechos” que no se materializan. Las perspectivas empeoran si consideramos el cuadro de bancarrota mundial, cuyos coletazos ya se hicieron sentir con fuerza en nuestro país con la devaluación y la inflación más alta en décadas, crisis que está siendo descargada en las espaldas del pueblo trabajador mientras se nos promete el acceso a todo tipo de “derechos” con una reforma constitucional que es una estafa.
Por una salida independiente de las y los trabajadores
El borrador de la nueva constitución representa la continuidad de la política de rescate de quienes lucran con los derechos negados a las mayorías trabajadoras. Es la tentativa del reciclaje del modelo instaurado por la dictadura y continuado por la “transición”. Ello resulta más claro aún si consideramos que en caso de que resulte aprobado en el plebiscito, será el Congreso con su actual composición -donde la derecha tiene la última palabra- el encargado de sancionar las leyes que pongan en funcionamiento el nuevo texto constitucional.
Al margen de la acción de la derecha, envalentonada por el descrédito del proceso constituyente y del gobierno, desde el propio oficialismo ya se anunciaron las reformas que se harán al texto en caso de que triunfe el Apruebo. “Nada está escrito en piedra” repite Carol Cariola, diputada del PC y vocera del comando por el Apruebo. Como en noviembre del 2019, la cocina está funcionando a todo vapor contra el pueblo chileno. Así las cosas, nos llaman a “aprobar” un texto que ellxs mismxs ya lo están degradando, pues es claro que no se acordarán mejoras sino menoscabos a su ya limitado contenido. El juego a la derecha lo hace el gobierno de Apruebo Dignidad garantizando sus intereses, mientras nos extorsionan para hacer pasar una política contraria a nuestros derechos porque si gana el Apruebo no gana el pueblo, triunfa el operativo político cuyos autores, con Boric a la cabeza, iniciarán de inmediato una carrera para neutralizar cualquier aspecto formalmente progresivo. Con lo cual, se busca apuntalar una ofensiva contra la clase trabajadora –que ya viene desarrollando el gobierno de Boric-. No se “mejoran las condiciones para seguir luchando”- como sostienen las fuerzas y sectores que se pronuncian por el Apruebo- sino que se abre paso la tentativa de cerrar las perspectivas políticas de la rebelión.
La derecha y sectores de la ex concertación encolumnados tras el Rechazo se encuentran en un escenario que los favorece por obra y gracia de Apruebo Dignidad, que desde la Convención y La Moneda y en tiempo récord se mostró como lo que es: un frente de conciliación de clases cuya función es cerrar el proceso político que abrió el pueblo trabajador desde las calles. Sin embargo, el proceso abierto con la rebelión del 2019 no está clausurado. Las y los trabajadores, no podemos ser los convidados de piedra mientras los partidos del régimen se disputan por quién es más eficiente sacrificando nuestros derechos.
Necesitamos intervenir en este escenario con nuestra agenda, poniendo en pie la organización que nos permita desmontar este enorme operativo.
Como Fuerza 18 de Octubre no apoyamos el Rechazo porque no queremos confundir nuestra posición con la derecha, llamamos a anular el voto y conformar un frente único en función de ésta perspectiva. Al operativo de continuidad del régimen de explotación y saqueo, opongamoslé la continuidad de la rebelión levantando su programa de reivindicaciones. Los movimientos de lucha de las masas deben romper con la política de subordinación que significa la campaña por el Apruebo y retomar su lucha independiente por No + AFP, educación y salud gratuitas, derecho al aborto, no pago de la deuda pública, nacionalización de los recursos estratégicos, libertad a las y los presos políticos, desmilitarización del Wallmapu, desmantelamiento del aparato represivo. No podemos ser furgón de cola de la centroizquierda patronal guardiana del statu quo. Tenemos la responsabilidad de poner nuestros esfuerzos militantes en función de una alternativa política independiente que enfrente a la derecha y al gobierno, en la perspectiva estratégica de luchar por un gobierno de las y los trabajadores.
