Magia: El comité técnico asesor dispuesto por el Senado rebajó la deuda de 1400 millones a 451 millones de dólares
Considerando el informe del Comité Técnico Asesor creado por el Senado, queda de manifiesto que su razón de ser nunca ha sido encontrar una salida a la crisis para los miles de afiliados a quienes se les cobró de más ni mucho menos la falta de acceso a la salud que padece la gran mayoría de la población, sino que por el contrario busca asegurar la continuidad del sistema de seguros privados de salud a costa del bolsillo trabajador. Así luego de algunos cálculos y volteretas sale al rescate de las ISAPRES reduciendo a menos de a menos de un tercio de los establecido por la Corte Suprema. Recordemos que la Corte Suprema de noviembre del 2022 falló contra las aseguradoras a devolver el dinero, propiedad de los afiliados, percibido a razón de cobros en exceso realizados desde diciembre del 2019.
En 105 páginas el documento no se arruga en proponer una rebaja a la deuda de las ISAPRES, calculada inicialmente en 1.400 millones de dólares por la Superintendencia de Salud a unos 451 millones de dólares. Mágicamente las calculadoras del régimen hicieron reducir la cifra en casi un 65%. Pero la sinvergüenzura no termina aquí, además el informe de los honorables propone un plazo de 10 años para el pago de la deuda. Después de esto solo les faltó pedir perdón a los dueños de los aseguradores.
Es claro, muy claro, que la rebaja del monto es un salvavidas para el sistema de salud privado. Es que son estos los intereses que se defienden todos los poderes del estado capitalista incluída la Corte, que no para de dar prórrogas al cumplimiento del fallo para darle margen de maniobra y lobby a las Isapres. Todo a costa del bolsillo de los cotizantes, que no son más que los y las trabajadoras. Es que, frente al berrinche y las amenazas de quiebra, los honorables no escatimaron ni un momento en disponer de una solución a medida para salvaguardar los intereses de quienes finalmente terminan siendo los patrones de los serviles empleados del congreso nacional.
Por otra parte, el silencio de La Moneda es una muestra de la complicidad del gobierno ante el plan de rescate: el dejar hacer a la oposición para que avance un informe que amaña los números para conformar a las Isapres es una política deliberada. Es más, ha sido este gobierno el que nos condujo al engendro de proceso constituyente actual, donde, por si no quedaban dudas del carácter anti obrero del mismo, se le da consagración constitucional al negociado privado de la salud, se constitucionalizan a las ISAPRES.
Queda de manifiesto que la defensa de la santísima propiedad privada solo vale cuando se trata de la propiedad de los dueños del capital, las empresas y el poder; pero cuando se trata de la propiedad privada de quienes trabajan, de su bolsillo y su salario, aquí entonces no tiene problemas en apropiarse de lo ajeno; y es que los cobros en excedo son en detrimento del salario de los cotizantes, del salario de los que trabajan, es decir, del sueldo de los trabajadores, que es su único sustento de vida.
Es la responsabilidad de todo un régimen y sus instituciones, que salen a defender a los dueños del capital pero que no tienen problemas en cobrar las deudas de los pobladores haciéndose de sus casas y sus pocas pertenecías, enviándolos a los informes comerciales para limitar el acceso al crédito o hasta cortando el suministro de servicios básico como luz o agua ante una boleta impaga. Mientras por un lado este sistema es lapidario con el cobro de las deudas de quienes viven de su trabajo, por otro lado, permite sin arcadas una rebaja millonaria de la deuda de las ISAPRES y sugiriendo un plazo de pago de 10 años.
El perdonazo es contra los cotizantes, es decir, contra los trabajadores y las trabajadoras, entonces debemos preguntarnos ¿Y la propiedad privada de quienes viven de su sueldo?
Frente a esta realidad debemos organizarnos para pelear por un seguro único de salud, universal, solidario, a cargo de la patronales y administrado por los y las trabajadoras. Por una salud gratuita, de calidad y de acceso universal, y por el fin del negociado con nuestra salud.
