TODXS AL PARO GENERAL ACTIVO POR HUACHIPATO Y TODAS NUESTRAS DEMANDAS

A desbordar la contención de la CUT, a las y los trabajadores nos sobran razones para parar. Rodeemos de solidaridad a lxs trabajadorxs de Huachipato en la defensa de sus puestos de trabajo.

 

Ad portas del paro general activo convocado por la CUT en su XIII congreso nacional ordinario realizado en el mes de enero, está claro que no estamos viviendo un clima de paro general. Contradictoriamente, en el movimiento obrero y popular se verifica un descontento creciente por la larga lista de promesas incumplidas y el palpable desmejoramiento de las condiciones materiales de existencia para las y los trabajadores. El gobierno resalta, toda vez que puede, que logró un aumento del salario mínimo que llegará a 500 mil bruto recién a partir de julio, cuando el costo de vida para un hogar de tres personas es de $1.178.999 y la reducción de la jornada laboral que -como ha sido largamente denunciado- significó más bien una flexibilización de la jornada a favor de las patronales.

Lo cierto es que los salarios y menos las pensiones no alcanzan para vivir y ello obliga a la clase trabajadora a endeudarse para cubrir las necesidades de subsistencia: más de 4 millones de chilenxs – esto es el 26,2%- tienen deudas que no pueden pagar, es decir, que son deudorxs morosos. La salud, la vivienda y la educación siguen tan inaccesibles como en gobiernos anteriores.

El descontento crece, la CUT maniobra

El gobierno de Gabriel Boric no sólo incumplió con compromisos generales y sectoriales asumidos durante la campaña, sino que en su alianza con la burguesía asume la agenda represiva tradicionalmente enarbolada por la derecha, lo que explica el respaldo político al director de carabineros, Ricardo Yáñez, pese a su inminente formalización por su responsabilidad en las violaciones masivas de DDHH durante la rebelión popular del 2019.

En éste cuadro, diversos sectores de trabajadorxs vienen protagonizando en los últimos meses medidas de lucha contra el gobierno y sus políticas antiobreras. Las y los docentes, con paro indefinido y movilizaciones masivas el año pasado, pese a las maniobras de la burocracia del colegio de profesores; trabajadorxs de la salud municipal nucleadxs en la Confusam pararon el año pasado y tienen previstos paros para el 17 y 18 de abril; las trabajadoras de jardines y salas cunas de la Fundación Integra llevaron adelante un plan de lucha con paros escalonados y marchas a La Moneda meses atrás; portuarios que la semana pasada llevaron a cabo su primer paro contra el gobierno con barricadas que paralizaron los puertos de todo el país; pobladorxs de campamentos se vienen organizando y llevando adelante masivas movilizaciones frente a los violentos desalojos sin ninguna solución habitacional para las miles de familias que, ante la imposibilidad de acceder a una vivienda, se instalan en campamentos.

Ninguna de estas luchas fueron tomadas por la CUT, que en todo este tiempo llevó adelante una política de aislamiento de los conflictos gremiales apostando a su desgaste. Ante las declaraciones en relación a la autonomía de la central -dirigida por el PC y el PS- respecto del gobierno, basta con mirar su completa inacción en estos dos años en un contexto de pauperización generalizada de las familias trabajadoras. Dime de qué te jactas y te diré de que adoleces. Este es el escenario en que la burocracia de la CUT llama a un paro general y pese a que estaba previsto con varios meses de antelación no fue precedido de una deliberación de las bases, ni preparado para que sea una instancia de lucha en la que converjan todos los sectores de la clase obrera con sus reclamos (a última hora se dió a conocer el punto de convocatoria de la marcha en Santiago por ejemplo). La dirección de la CUT diseñó este paro como una acción aislada, que busca descomprimir la creciente bronca de las y los trabajadores contra el gobierno.

El capítulo Huachipato

El reciente anuncio de cierre indefinido de la siderúrgica Huachipato provocó un sismo social y político en principio en la región del Biobio, pero con el correr de las semanas se nacionalizó por las consecuencias que implicaría su cierre definitivo: están en juego 22 mil puestos de trabajo directos, pero ello sería solo el comienzo pues se verían afectadas alrededor de 350 empresas, con lo que se estima una pérdida de hasta 3% del PBI de la región. La siderúrgica en cuestión es parte del conglomerado empresarial que conforma la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), compuesta además por empresas mineras y de infraestructura que se encuentran en distintos puntos del país. El estado chileno era dueño de parte de la CAP, pero bajo la dictadura fue privatizada por completo.

Huachipato registra pérdidas hace varios años en gran parte como consecuencia del ingreso del acero proveniente de China, muchas veces a precios muy por debajo de los que se manejan localmente, por lo que el acero chino fue copando el mercado. Ante ello, recientemente la empresa denunció la práctica distorsiva de los precios (“dumping”) ante la “comisión antidistorsiones” la cual definió sobretasas del 15% promedio para las importaciones de acero de empresas chinas. Sin embargo, esto fue considerado insuficiente por la empresa y se aceleró el anuncio de la suspensión indefinida de sus actividades.

Es importante considerar que las pérdidas que se vienen verificando en Huachipato, no ocurren con el resto de las empresas de la CAP, las que han registrado cuantiosas ganancias en las últimas décadas. Es decir, que el grupo empresario se alza con cientos de millones de dólares en cada año, sin que ello se vea afectado por los registros negativos de Huachipato. La suspensión de las actividades de la siderúrgica por parte de la CAP es un golpe de efecto para que el estado salga a su rescate. Reclaman mayores sobretasas al acero chino, pero conscientes de la magnitud de las implicancias negativas del cierre pueden correr la línea toda vez que consideren insuficientes las medidas favorables a sus intereses. Incluso han dejado abierta la puerta a que el estado se incorpore como “socio estratégico”, es decir, cuando les conviene se olvidan del cuento del estado subsidiario, reclaman su presencia a los gritos para que se haga cargo de las pérdidas.

Huachipato somos todxs

La respuesta de los trabajadores ante la posibilidad de la pérdida de sus puestos de trabajo fue inmediata. La movilización dió paso a la solidaridad obrera de toda la región: trabajadores portuarios, de la salud, de la educación y de contratistas de la siderúrgica confluyen en las movilizaciones que se suceden en las últimas semanas en la región de Biobio y que tuvo un hito importante ésta semana con la llegada de los trabajadores a Santiago para reclamar al gobierno una solución.

Para un gobierno de continuidad con el régimen capitalista neoliberal instaurado por la dictadura, defendido y profundizado en las décadas de democracia capitalista diseñada por la transición pactada por los milicos, el tema representa una crisis porque si hay algo que ha quedado en claro es que no están dispuestos a sacar los pies del plato, sino más bien a restablecer la estabilidad que perdió por la irrupción popular iniciada en octubre del 2019. Frente a ello, la intervención de los trabajadores no puede acotarse a reclamar un aumento de las sobretasas de importación. Lo que se necesita es el control obrero de las importaciones y que se abran los libros de la CAP para terminar con las mentiras del grupo empresario. La nacionalización, sin compensación alguna, para que la siderúrgica pase a funcionar bajo el control de los trabajadores es el norte.

El paro general, con todas las limitaciones señaladas, es la oportunidad para poner en pie una movilización nacional por Huachipato, para rechazar de manera contundente las amenazas de cierre. También para poner sobre la mesa nuestras demandas: salarios y pensiones que alcancen para vivir, fin de la estafa de las AFPs; por viviendas para toda familia que lo necesite, basta de desalojos; por el derecho a la salud, no más muertes por las listas de espera; basta de precarización laboral; abajo el crimen organizado, el estado es responsable. A desbordar las maniobras de contención de la CUT, por un plan de lucha hasta conquistar nuestras demandas.