Como territorio atravesamos por una de las mayores crisis hídricas de la cual se tenga registro, y sin bien, el crecimiento de la población y con ello de la demanda es un hecho objetivo, de ninguna manera es la principal causa de la escasez de este vital recursos sino, antes que nada, décadas de abuso y sobreexplotación por parte del agronegocio, las forestales y la minería. La situación es dramática: 76% de la superficie se encuentra en sequía, desertificación o degradación de suelo (SudAustral Consulting SpA, 2016), debido al aumento de temperatura los glaciares se derriten, y según el último balance hídrico realizado por la Dirección general de Aguas, entre 13 y 37% han disminuido los caudales de agua superficial de las cuencas del Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule en los últimos 30 años, proyectando una baja de las precipitaciones de hasta 50% entre el 2030 y 2060 en algunas zonas del país.
La escasez de agua está provocando colapsos en los sistemas de riego y uso doméstico. Miles de personas deben ser abastecidas con camiones aljibes, sometidas a racionalización. Así, en abril de este año, el gobernador de la RM anunció un plan de racionamiento de agua para Santiago, para ser implementado en caso de un agravamiento de la crisis hídrica que ya afecta al 50 % de las comunas de RM, resultando especialmente perjudicados los ecosistemas, las comunidades rurales, sectores empobrecidos y las economías locales.
Según la mesa nacional de agua – integrada por instituciones y personalidades públicas coordinadas por el MOP (Ministerio de Obras Públicas)- el sector agrícola es el mayor usuario de agua consuntiva (es decir que es transportada y no regresa al cuerpo de agua de donde es extraída) con el 72%, seguido por el agua potable con el 12%, el consumo industrial con un 7%, el uso minero con el 4% y el 5% restante asociado al sector pecuario y al uso consuntivo en la generación eléctrica.
Las claves del uso y abuso del agua
Como lo demuestran los números apuntados el uso agrícola del agua es el que se lleva la mayor cantidad. Ahora bien, hay que tener presente que la misma no tiene como prioridad la producción para el consumo de alimento por parte de poblaciones locales, sino para la exportación. “En Chile es posible apreciar que el desarrollo del sector agrícola y el significativo incremento en la producción y exportación de frutas y otros commodities, ha sido un importante impulsor de crecimiento económico.” En donde el país destaca con sus productos de primera selección pero a su vez también ha traído “la disminución de la producción interna de ciertos cultivos clave para la alimentación humana, como cereales y leguminosas, ha dejado al país vulnerable en caso de existir alguna perturbación importante en la producción o venta internacional de dichos productos.” (Jensen Magdalena, 2021).
Así la producción agrícola se concentra fuertemente en monocultivos frutícolas y vitivinícola para la exportación y para cubrir la demanda interna de alimentos para la industria salmonera, por ejemplo, lo que se lleva a cabo a través de desvíos, acumulación y aniquilación de ríos y cauces naturales de las cuencas del país, para el riego privado y la generación de utilidades por parte del empresariado agroexportador. Se sacrifica la vida del pueblo trabajador para acumular beneficios capitalistas. Así el agua es retirada sin posibilidad de retorno de los territorios para el negocio de unos pocos, en detrimento de los ecosistemas y de la posibilidad de acceso al líquido vital por parte de la población en general.
Por otro lado, en un informe de la Fundación Chile se señala que el 44% de los problemas de brecha y riego hídrico en las cuencas se originan en la gestión del agua y su gobernanza, responsable de una política que prioriza el agua para la producción agrícola destinada a la exportación. Se han implementado numerosos programas de subsidios en sistemas de riego inteligente y construcción de tranques, junto con inversión en carreteras y puertos que conectan áreas rurales con puntos de embarque para la exportación, como ejemplo, La Ruta 66 o camino de la Fruta, que abarca desde la sexta región al puerto de la quinta. Por otro lado, firmas de tratados de libre comercio, que facilitan el intercambio comercial entre el sector empresarial y el mundo. Distintos gobiernos han impulsado a Chile como potencia en alimentos de exportación a costa del abuso del agua, la destrucción de cauces naturales y escasez hídrica para la población, junto con la reducción de tierra para la producción de alimentos de consumo nacional como cereales y leguminosas.
A su vez, tenemos las inversiones estatales y privadas para el uso del agua en el sector minero, que, si bien representa el 4% genera un alto impacto negativo en territorios con importantes intervenciones respecto a construcciones o desvíos, lo que va en desmedro del funcionamiento de los ecosistemas. Como se ve el acceso al agua dulce se encuentra apropiada por el modelo de despojo y al servicio del extractivismo con el agronegocio, con las hidroeléctricas, la megaminería química y las forestales sin ninguna autorización ni control popular.
Pese a que responsables políticos y los medios de comunicación atribuyen la escasez hídrica a la demanda de particulares, las responsabilidades mayores están en el cambio de uso de suelo, el desvío de cauces, el retiro, transporte y contaminación de agua por parte de la minería y la industria del monocultivo agrícola para la exportación lo que, a su vez, influye fuertemente en el sistema de drenaje natural, el poder evaporante, la temperatura, las precipitaciones, la acumulación de nieve, es decir, el cambio climático que afecta al ecosistema completo. Conocido es el ejemplo de Petorca donde se ve como el extractivismo ha afectado gravemente la vida de sus pobladores, secando las tierras para desviar el agua a monocultivos de paltas dejando a la comunidad sin posibilidad de acceso al agua, dependiendo del reparto camiones aljibes.
Otro tanto ocurre con la instalación de plantas desalinizadoras por la megaminería y parte de empresarios motivados por un auge en la inversión estatal para la generación de agua dulce y con ello resolver la crisis hídrica presente en los territorios más vulnerables. Las plantas desalinizadoras posibilitan la generación de agua dulce a través de grandes filtros que generan aguas residuales con alta concentración de sal y químicos tóxicos para el medio ambiente. Nadie puede estar en contra del avance científico que permite crear agua potable, pero sólo podría hacerse si está bajo control de los pueblos, con derecho a veto en caso de que no se establezcan las salvaguardas necesarias para el cuidado del medio ambiente y la humanidad. Este tipo de “soluciones” capitalistas ya instaladas en el norte de Chile, son otra forma de continuar con el ecocidio de los territorios, a través de un abordaje superficial y a la medida de los intereses de los grupos concentrados, a problemas sistémicos causados por un modelo económico de expoliación.
Tenemos un régimen que pone primero las ganancias y utilidades del empresariado agrícola, forestal y minero exportador, por sobre las necesidades de los territorios. Cientos de familias viven y reciben agua a través de camiones aljibes, son vastos los sectores totalmente secos por los desvíos de cauces y miles de animales desplazados de sus ecosistemas por la necesidad de beber agua y alimentarse.
Un régimen jurídico garante del saqueo.
Para el agronegocio, no existen instrumentos de ordenamiento territorial asociado a las capacidades de carga e impacto del uso agrícola del suelo. Los proyectos agrícolas no pasan por la formalidad al menos de los estudios de impacto ambiental: se compra, se planta y se vende. Solo es posible encontrar informes estudios de intenciones de siembra de cultivo, los que son realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), datos con los cuales se pueden calcular las futuras plantaciones de cereales.
Este saqueo por parte del empresariado agrícola exportador es legal desde la dictadura, en Chile el agua fue entregada al capital a través de la Constitución del 80, de la que surge el Código de Agua y en donde los derechos de agua fueron repartidos entre unos pocos quedando excluidos campesinos e indígenas, pasando a ser parte del sistema de transacciones de mercado, sin regulación y débil fiscalización. La constitución vigente en el artículo 19, Nº 24, establece que «los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos de conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad de ellos». El agua se negocia hasta hoy a través de la venta de títulos de propiedad.
La propuesta de nueva constitución señala en su artículo 142: “El estado velará por el uso razonable del agua. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia nacional del Agua, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento”. Antes, el artículo 140- 2. se refiere a los “usos” estableciendo que prevalecerá el derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas y que “la ley determinará los demás usos”. Es decir, más allá de un pretendido del “carácter incomerciable”, no queda despejada esa posibilidad en la medida que será una ley la que en definitiva establecerá los “usos” y ello abre un abanico de posibilidades para disfrazar la comercialización. Así se deja abierta la posibilidad para que continúe la entrega del agua a unos pocos.
La Agencia Nacional del Agua es el organismo autónomo creado por el nuevo texto constitucional facultado según el artículo 144-2.c) a “otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones de uso de agua”. La designación, estructura y funcionamiento de dicho organismo se determinará por ley conforme lo establece el artículo 144-3. Conclusión, tanto la definición de los “usos” que serán objeto de las autorizaciones, como el ente que decidirá sobre ellas queda al arbitrio de la cocina del actual congreso y en el mientras tanto asumirá las competencias señaladas la Dirección General de Aguas dependiente del Ministerio de Obras Públicas según lo dispone la trigésima cuarta disposición transitoria. Pero lo que realmente da la pauta de la continuidad del esquema de apropiación del recurso hídrico es lo dispuesto por la disposición transitoria trigésima quinta 1. que textualmente establece “Con la entrada en vigencia de ésta Constitución todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en ésta Constitución. Mientras no se dicte la legislación ordenada en la disposición transitoria anterior, se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Aguas en materia de constitución y extinción de autorizaciones de conformidad con ésta constitución, sin perjuicio de los porcesos de revisión y ajuste de los caudales… “
La explotación capitalista del medio ambiente, es irracional, no puede ser sustentable. El mentado “progreso y desarrollo económico” del que solo se beneficia la clase capitalista extractivista mientras las y los trabajadores y los territorios nos vemos afectados por los daños ambientales y éstas matriz no cambiará con la nueva constitución.
Cómo organizamos la lucha por la defensa del agua.
Nos encontramos en un complejo escenario. Los distintos sectores capitalistas han monetizado el agua y se la han repartido entre ellos mediante permisos e inversiones por parte del estado provocando estragos en los sistemas naturales completos y negando el acceso libre a poblaciones de animales y personas. Hoy la escasez hídrica es a nivel internacional y batalla contra un sistema internacional extractivista es a nivel planetario, cuando a nivel mundial hay países con crisis hídricas o falta de acceso al agua, junto con bloqueos de exportaciones de cereales debido a las consecuencias de la guerra entre la OTAN y Rusia y el temor al desabastecimiento. Urge la organización internacional de los pueblos oprimidos contra sus estados en tanto garantes de los negociados se unos pocos a costa del acceso para las mayorías a la tierra, el agua y los alimentos.
El estado debe garantizar el acceso al agua potable para las poblaciones. Y en condiciones óptimas de distribución, llevando a cabo las obras públicas que se requieran para que el agua llegue a los domicilios sin depender del reparto discrecional o aleatorio que significan los camiones aljibes. Todos los recursos del estado deben ser volcados a resolver el problema del agua potable a la mayor brevedad, a través de la creación de una empresa nacional de aguas, bajo control obrero. El vuelco del agua para los procesos productivos deben ser previamente analizados por estudios ambientales y aprobados por asambleas populares con poder de decisión y veto. Nacionalización de todos los recursos naturales estratégicos, bajo control obrero. Abajo los tratados de libre comercio acordados por los gobiernos lacayos de las potencias imperialistas. Devolución de las tierras usurpadas a los pueblos indígenas y campesinos.
Por un partido de clase trabajadora que luche contra el extractivismo capitalista con la perspectiva estratégica de un gobierno de las y los trabajadores.
