A organizarnos contra la política colonialista de Boric y la derecha.
Tras la contundente derrota del gobierno en el plebiscito del 4 de septiembre, desde la derecha pero también desde la ex concertación integrada a la coalición gobernante, se aceleraron a las negociaciones para culminar con la ratificación pendiente por parte del senado del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, firmado por el estado chileno en el 2016 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Boric se limitó a declarar que no es parte del programa de gobierno de Apruebo Dignidad, pero que no pondrían obstáculos en el tratamiento legislativo, y que se dirigirán los esfuerzos para la discusión de las “side letters” – cartas laterales- con los demás países parte a través de las cuáles supuestamente se “neutralizarían” algunos de sus brutales efectos para Chile.
En realidad, ésta sería la única carta del oficialismo para posar de críticos a su aprobación: retrasar su discusión en el senado, planteando cuestiones reglamentarias, porque se descuenta la aprobación ya que estarían los votos necesarios. Lo cierto es que poco y nada se podrá resolver en términos beneficiosos ya que las side letters dependen de negociaciones con cada uno de los países parte y por separado en las que el estado chileno está en desventaja porque en definitiva ingresaría a un tratado cerrado en sus términos y plenamente vigente, por lo que resulta inverosímil que posteriormente los demás países cedan en prerrogativas. Un verso al servicio de mitigar el costo político a un gobierno que ya no le quedan ni el relato simbólico, porque además tienen a Marcel como ministro de finanzas, un defensor a ultranza de los tratados de libre comercio.
¿De qué se trata? ¿Quiénes lo impulsan y qué es lo que busca asegurar?
El TPP-11 es un acuerdo internacional que busca otorgar mayores libertades a sectores empresariales de origen chileno y transnacionales para desarrollar sin límites sus negocios en los países parte. Este acuerdo fue iniciado por EEUU junto con Canadá y se han ido incorporando más países, actualmente reúne a Australia, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá y Perú, quienes ya lo ratificaron, EEUU se encuentra evaluando su reincorporación. Mientras que Brunei Darussalam, Chile, Malasia y Vietnam están en espera de ratificar.
En términos comerciales este tratado profundiza el modelo de saqueo y expoliación vigente actualmente en el país. Chile ya tiene acuerdos con todos los países que han ratificado el tratado y cabe recordar que toda la matriz entreguista establecida por los acuerdos internacionales quedaba intacta aún con la aprobación de la nueva constitución pues el pacto del 15 de noviembre estableció expresamente que estos quedaban fuera de la discusión constituyente. Pero su contenido va mucho más allá de la regulación del intercambio comercial, y allí radica el interés del capital chileno y trasnacional en la incorporación de Chile. Sus cláusulas implican una avanzada en el control y dominación del remanente de poder de decisión del estado chileno, es decir un menoscabo significativo a la soberanía, con las consecuencias que ello trae para las personas y seres que habitan en él.
La consecuencia central es que una vez ratificado opera una suerte de cristalización de las estructuras normativas que benefician a las corporaciones chilenas y extranjeras, y así cualquier cambio da origen a compensaciones, pudiendose siempre recurrir a los tribunales ad hoc – serviles al lobby corporativo- creados por el tratado en cuestión para dirimir las eventuales controversias. Es un blindaje a sus intereses que por supuesto se oponen a los de las mayorías populares.
Ello tiene muchas derivaciones perjudiciales porque ata de pies y manos al estado en cualquier medida que afecte los negociados de los pulpos económicos, es decir, nos ata en todo lo que el capitalismo neoliberal impuso por la dictadura aún vigente que privatizó todos los aspectos de la vida. La apropiación de la tierra y el agua; la privatización y control de las semillas, el saqueo de recursos estratégicos como el cobre y el litio; la estafa de las AFP; los negociados de las farmacéuticas; la expoliación de las pesqueras; las estafas de la banca, etc. tendrán ahora un reaseguro. Además, se abrirá la puerta para el ingreso de cultivos y especies de animales transgénicos, junto a la biotecnología.
Contra el gobierno entreguista a organizarnos
Las demandas históricas y urgentes como la devolución de las tierras reclamadas por los pueblos indígenas, las reivindicaciones estudiantiles contra la educación de mercado, el reclamo por pensiones y salarios que alcancen para vivir, vivienda digna y la exigencia de que se ponga fin al daño medioambiental derivado del lucro capitalista, seguirán sin recibir resolución alguna pues en todos los casos se requiere afectar los intereses de la burguesía que el gobierno está empeñado en resguardar. El pliego de demandas levantadas por el pueblo chileno en la rebelión, sigue sin respuesta alguna y estamos peor que antes producto de la crisis económica y con nuestrxs compañerxs prexsx por luchar.
Necesitamos organizarnos con urgencia contra el TPP-11, que viene a afectar de manera transversal las diferentes luchas que se vienen dando en este y variados territorios de Chile y el mundo. Hoy más que nunca debemos alzarnos como clase trabajadora, para conquistar nuestras demandas e impedir que se continúen firmando acuerdos que solo benefician a lxs capitalistas. Ninguna respuesta vendrá desde quienes conspiran y toman acuerdos a nuestras espaldas. Por un gran acuerdo nacional de trabajadoras y trabajadores que permitan coordinar nuestras luchas y construir una alternativa independiente que defienda los derechos de las personas, los animales y de la naturaleza en los territorios que habitamos.
