El jueves 16 de mayo en la madrugada, y en días que comenzarán las heladas, se daba inicio al desalojo de la toma 17 de mayo en la comuna de Cerro Navia. Esta toma que inició hace 5 años en terreno privado, perteneciente a la familia Guzmán Nieto, dueños del Parque de negocios ENEA y de extensos terrenos en la zona poniente de Santiago, quienes por medio de la corte suprema llevaron adelante el desalojo entre la represión, asedio y violencia policial, de manera impetuosa asustaron, humillaron y sacaron a las y los pobladores, entre ellos infantes, niñeces, adolescentes y personas adultas mayores de sus hogares, con el uso de lacrimógenas, gritos y maquinarias que arrasaron con sus viviendas y enseres.
A esa misma hora alrededor de 300 personas de la Población Lo Hermida, realizaban un acampe en la rivera del Río Mapocho para visibilizar a las más de 3.000 familias sin casa, denunciando que han sostenido numerosas reuniones infructuosas con consignas como: “no más desalojos”, “más casas, menos burocracia”, dando cuenta de procesos obstaculizadores y sin salida para los sectores de la clase trabajadora, señalando reuniones con promesas de recursos que finalmente terminan en nada. Piden a Boric y al gobierno que no solo se reúna con los empresarios de la construcción, sino que también con la gente sin casa, “porque este problema no se va a solucionar solo con desalojos” como señaló la dirigenta Yenni Brandt, todo esto precedido con diversas movilizaciones, Puente alto el 15 de mayo, Maipú en 7 del mismo mes, entre otras movilizaciones en distintos puntos país.
Este gobierno, como los anteriores, es responsable de la situación de las familias trabajadoras. Con sueldos miserables que no alcanzan para llegar a fin de mes, en medio de precarización e informalidad laboral, con una inflación que dejó los valores de los alimentos en altos precios y servicios básicos caros, las familias obreras difícilmente pueden ahorrar y menos calificar para un crédito hipotecario. Cuando los excluidos de todo, ante las mentiras de los distintos sectores políticos, toman en sus manos la solución y se organizan colectivamente para construir sus viviendas en terrenos generalmente abandonados, la respuesta es la criminalización.
Crisis habitacional
Por un lado, hay 114.000 viviendas sin vender en el mercado privado, y por otro lado un déficit de 650 mil viviendas a nivel nacional. De la promesa del gobierno de construir 260 mil viviendas en total aún no hay noticia. Tampoco de mejorar el sistema de financiamiento mediante créditos accesibles para la población. Hoy son alrededor de 1.472 campamentos los que necesitan una solución inmediata, y los desalojos programados con entrega de insuficientes bonos transitorios de arriendo para las familias no son solución.
Es responsabilidad del estado, que ahora gestiona la coalición que lidera Boric, esta crisis. El Gobierno es responsable del accionar de las policías por medio del Ministerio del interior y también de brindar los instrumentos legales, con la sanción y promulgación de un conjunto de medidas y leyes represivas, a favor de los intereses capitalistas y en contra de la población y sus necesidades. Penas de cárcel para quienes tomen un espacio a modo de protesta o como medio para vivir como señala la ley antitomas, legítima defensa privilegiada para policías, entre otras medidas que resguardan el violento y a veces fatal accionar policial desplegado contra quienes no se resignan a vivir en las condiciones precarizadas que acuerda este régimen que el gobierno de Boric protege.
Los intereses en juego y la doble cara
Mientras el ministro Montes declara en televisión abierta respecto a los desalojos, “estuve recién con el dueño del terreno… (del terreno en donde se encuentra la toma de San Antonio) …porque vengo del desayuno de la cámara de la construcción… Hay muchos dueños que quieren que les compremos”, evidenciando así los negociados inmobiliarios entre el estado, los dueños de grandes terrenos y las constructoras mientras miles de familias no tienen dónde vivir.
Mientras que unos pocos se hacen del dinero que generan muchos, “los muchos” son criminalizados, siendo la prensa burguesa la que se encarga de estigmatizar las tomas y poblaciones: resaltan los focos delictuales que no son distintos a los encontrados en los barrios altos. La burguesía y sus empleados en el poder político actúan como verdaderas asociaciones ilícitas como vimos en casos como fundaciones, Cathy Barriga, Torrealba, etc. La estigmatización de trabajadorxs pobres está al servicio de justificar los desalojos violentos.
No sigamos esperando al gobierno de turno, las tomas representan acciones concretas que permiten subsanar de manera rápida y efectiva una de las principales demandas de la clase trabajadora. No aceptamos la criminalización, estigmatización y mercantilización del derecho a la vivienda y la lucha para conquistarla. El estado tiene la responsabilidad de dar acceso al suelo y dotar de hogares a la población.
Las y los trabajadores tenemos que organizar la lucha contra la criminalización y por un plan de construcción de viviendas populares -bajo control obrero- financiado por impuestos a las grandes fortunas, negocios inmobiliarios y a los mega terrenos ociosos para poner fin a la especulación inmobiliaria.
Por el acceso a una vivienda digna, en territorios y comunidades seguras, por el derecho a persistir por la solución de nuestras necesidades y demandas, por la derogación de las leyes represivas pongamos en marcha la organización de las diversas luchas en contra de quienes mantienen el sistema de poder y opresión. Con los métodos de la clase trabajadora, asambleas y plenarios de coordinación para definir un plan de lucha contra la represión, y por viviendas y tranquilidad para todo aquel que la necesite.
