Que estamos ante un gobierno que busca continuar con el modelo está claro, y que no conforme con partir fortaleciendo el aparato represivo, continúa por estos días con su compromiso con la burguesía capitalista, dando camino a la aprobación de la llamada Ley de Permisología. Esta ley busca la flexibilización y desregulación ambiental, y da a la clase capitalista la oportunidad de seguir acumulando capital a costa del extractivismo y el ecocidio de los territorios, lo que es celebrado por el mundo empresarial.
El cambio en la legislación de este gobierno, como el de sus predecesores, ha estado planteado en los términos de la burguesía y no para mejorar ingresos o condiciones para la clase trabajadora. Ya lo señalan organizaciones socioambientales: esta ley solo busca acortar los plazos de tramitación de proyectos de inversión. Y no cualquier inversión, sino que las grandes inversiones extractivistas, reduciendo tiempos o eliminando controles, y dejando fuera toda discusión sobre el saqueo a la naturaleza y a las comunidades. Se continúa con las prácticas serviles a los intereses del empresariado y a espaldas de las organizaciones ambientales y territoriales.
Vemos cómo se flexibiliza la regulación para que las dinámicas de acumulación capitalista puedan avanzar más rápido, entregando concesiones que fortalecen el poder del empresariado mediante la reducción de exigencias y controles en la aprobación de proyectos. Lo que estamos presenciando es un proceso de arremetida del capitalismo, donde, ante sus propias crisis busca recomponer la tasa de ganancia para seguir funcionando. Esta avanzada contra la legislación conquistada que protege el ambiente, implica abrir nuevas formas de negocio y expansión, como el extractivismo “verde”, que se presenta como solución a la crisis climática, pero que en realidad responde a la necesidad del capital de encontrar nuevas fuentes de ganancias. Esto considerando que, el capitalismo, en su crisis estructural, se ve obligado a reinventarse constantemente, trasladando la explotación a nuevos territorios y sectores para sostener su dominación. La supuesta “transición ecológica” no es más que una nueva fachada para seguir profundizando el modelo extractivo, ahora en nombre de la sustentabilidad.
Este proceso no ocurre en el vacío. La profundización del extractivismo está directamente ligada a las dinámicas globales de acumulación capitalista. En un escenario mundial marcado por crisis y competencia por recursos, la presión de los mercados
internacionales impulsa a los gobiernos locales a facilitar la extracción rápida y a gran escala, sin importar los impactos sociales ni ecológicos. Esta ofensiva se da además en un contexto político donde la extrema derecha gana terreno, promoviendo discursos autoritarios, negacionistas y favorables a los intereses empresariales. Así, se configura una alianza entre gobiernos que se dicen progresistas pero actúan para contener los procesos de lucha social, y sectores conservadores que abiertamente buscan desmontar los derechos colectivos y ambientales.
Ante las implicancias de esta normativa ambiental, que se encuentra en sus últimos trámites, organizaciones y comunidades buscan el apoyo de parlamentarios para recurrir al Tribunal Constitucional. Mientras tanto, es el mismo oficialismo el que lidera la iniciativa, en una muestra más de las volteretas de quienes se autoproclamaban gobierno verde. Basta con ver que las abstenciones fueron lideradas por el partido que hoy impulsa una candidatura presidencial, con 9 de las 19 abstenciones, frente a 92 votos a favor y solo 30 en contra. Un panorama complejo para las organizaciones, que ahora tienen 30 días para reunir la firma de al menos 39 diputados.
La salida es la organización de todas las luchas
Estamos ante un gobierno que vino a consolidar la agenda de la burguesía capitalista, luego de la enorme rebelión popular del 2019 Por eso se vuelve indispensable marcar el rol activo y central de la clase trabajadora en la resistencia, en articulación con las comunidades que defienden sus territorios. La unidad de todas las luchas, es urgente. Es el pueblo trabajador —quienes laboran en las minas, en el sector energético, en servicios públicos, en salud, en educación y también en el campo— y es el que puede detener esta ofensiva, con una posición clara y firme contra la avaricia empresarial y el saqueo.
Más que nunca, debemos levantar un frente obrero y territorial por la defensa de la vida y de los bienes comunes. Eso implica exigir justicia por las muertes y desapariciones de defensores ambientales, rechazar el extractivismo y denunciar el carácter estructural de este modelo. No hay salida dentro de este sistema. Ninguna solución real vendrá de quienes conspiran a puertas cerradas para garantizar las ganancias de unos pocos. Necesitamos construir una alternativa independiente desde la clase trabajadora, una que defienda los derechos de las personas, de los territorios, de los animales y de la naturaleza en su conjunto.
03/07/2025
